La defensa jurídica del expresidente Evo Morales anunció oficialmente que el exmandatario no se presentará al inicio del juicio oral fijado para este lunes 11 de mayo. El proceso, que investiga la presunta comisión del delito de trata de personas agravada, es calificado por su entorno como una "persecución política" carente de sustento legal.

El abogado Nelson Cox cuestionó la celeridad del tribunal, señalando que el señalamiento del juicio se realizó en menos de cuatro días. Cox argumentó que no existe una "acusación penal objetiva" y que el proceso vulnera el debido proceso. “Este tribunal insiste en atribuir un delito cuando la supuesta víctima ha declarado que no se ha cometido ningún crimen en su contra”, aseveró el jurista al confirmar la presentación de un memorial para frenar la instalación de la audiencia.

Reacciones y posturas encontradas Desde el Trópico de Cochabamba, el secretario general de la Federación de Chimoré, Maycol Rojas, respaldó la decisión de Morales, asegurando que el caso atenta contra las garantías constitucionales y la seguridad del líder cocalero. Según Rojas, el proceso busca inhabilitar políticamente al expresidente mediante el uso del aparato judicial.

En contraste, el senador de APB Súmate, Apolinar Rivera, exigió celeridad a la justicia y planteó que este juicio sea solo el inicio de una serie de procesos de responsabilidad por el manejo del país durante su mandato. “Es momento de que pague por sus acciones, no solo por el tema de trata, sino también por las condiciones en las que dejó al Estado tras la bonanza económica”, manifestó la autoridad legislativa.

Contexto del proceso El juicio por trata de personas se suma a la reciente ratificación del veto electoral contra Morales, lo que complica aún más su situación legal y política en este ciclo electoral 2025-2026. Ante la anunciada inasistencia del lunes, la fiscalía podría solicitar la declaratoria de rebeldía y la emisión de una orden de aprehensión para garantizar el avance del proceso.