La Defensoría del Pueblo y la Diócesis de El Alto expresaron este viernes su preocupación por las consecuencias humanas, sociales y económicas que generan los bloqueos y conflictos registrados en distintas regiones del país, principalmente en el departamento de La Paz.

A través de un pronunciamiento conjunto, ambas instituciones solicitaron habilitar corredores humanitarios y garantizar el paso de ambulancias, medicamentos, alimentos y combustible ante las dificultades que enfrentan varias comunidades afectadas por las movilizaciones.

En el documento, señalaron que ninguna medida de presión debe vulnerar derechos fundamentales como el acceso a la salud, la alimentación, la integridad personal y la libre circulación de la población.

Asimismo, alertaron que productores agrícolas no pueden trasladar sus cosechas debido a los bloqueos, mientras pacientes y personal médico enfrentan problemas para movilizarse y acceder a centros de atención.

El pronunciamiento surge luego de los hechos de violencia y destrozos registrados durante las protestas protagonizadas por cooperativistas mineros y maestros, situaciones que generaron preocupación y zozobra en la ciudadanía.

La Defensoría y la Iglesia también exhortaron a líderes políticos y sociales a actuar con responsabilidad y evitar discursos que incentiven la confrontación y profundicen la división entre bolivianos.

Finalmente, ambas instituciones hicieron un llamado al diálogo y al entendimiento como vías para superar la conflictividad que atraviesa el país.