La deuda relacionada con el Alimento Complementario Escolar de la gestión 2020 generó un intercambio de declaraciones entre la Junta de Distrito de Padres y Madres de Familia de Oruro y autoridades del Concejo Municipal, en torno al destino de los recursos asignados para este programa.

El presidente de la organización de padres, Pablo Rodríguez, solicitó esclarecer el uso de los 42,6 millones de bolivianos destinados al desayuno escolar durante la administración del entonces alcalde Saúl Aguilar y planteó la conformación de una comisión mixta para revisar la ejecución de esos recursos.

Según explicó el dirigente, del monto presupuestado aproximadamente 21 millones de bolivianos correspondían al pago a la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) por la provisión de productos durante la pandemia de Covid-19, obligación que, según afirmó, no habría sido cancelada.

Rodríguez señaló además que el destino del resto de los recursos también debe ser aclarado y sostuvo que los fondos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) debían destinarse exclusivamente al programa del desayuno escolar.

Asimismo, recordó que el municipio mantiene una deuda con EBA cercana a los 21 millones de bolivianos y que el retraso en el pago derivó en una demanda por daños y perjuicios que supera los 6 millones de bolivianos, proceso que actualmente se encuentra pendiente de resolución mediante un recurso de casación.

En ese contexto, el representante de los padres propuso la conformación de una comisión integrada por concejales y representantes de los padres de familia para revisar de manera conjunta la ejecución de los recursos destinados al programa alimentario.

En respuesta, el concejal Franklin Calizaya explicó que la solicitud presentada debe seguir el procedimiento establecido en el reglamento interno del Concejo Municipal para su tratamiento y consideración.

La autoridad señaló que toda petición debe ser ingresada a la Presidencia del Concejo para posteriormente ser derivada a las comisiones correspondientes y, posteriormente, ser analizada por el pleno del órgano deliberante.

Calizaya aseguró que la documentación será atendida conforme a la normativa vigente y recordó que el Concejo Municipal cumple funciones de fiscalización y legislación, mientras que la administración y ejecución del presupuesto corresponde al Órgano Ejecutivo Municipal.

Asimismo, rechazó interpretaciones de carácter político en torno al caso y afirmó que las acciones de fiscalización se desarrollarán respetando los mecanismos legales establecidos.

Por su parte, Pablo Rodríguez reiteró que el objetivo de la solicitud es conocer el destino de los recursos destinados al desayuno escolar y negó que exista algún interés personal contra el exalcalde Saúl Aguilar.

El dirigente sostuvo que la rendición de cuentas sobre recursos públicos destinados a la educación constituye un derecho de los padres de familia y expresó su expectativa de que las autoridades presenten la documentación necesaria para esclarecer el uso de los 42,6 millones de bolivianos observados.