Las elecciones generales del próximo 17 de agosto enfrentan nuevas turbulencias. A pocas semanas del día de la votación, dos acciones judiciales fueron presentadas ante la Sala Constitucional Segunda de Santa Cruz, ambas con un mismo objetivo: pedir la inhabilitación de candidaturas por presunto incumplimiento de la obligación de renunciar a cargos públicos antes de postularse.

El 23 de junio, el abogado Carlos Villarroel interpuso una demanda que apunta directamente a cinco postulantes presidenciales: Eva Copa, Manfred Reyes Villa, Jhonny Fernández, Andrónico Rodríguez y Rodrigo Paz Pereira. Según el jurista, estos candidatos no habrían renunciado a sus funciones como exige la Constitución Política del Estado (CPE), por lo que pide su inhabilitación inmediata.

Un día después, el diputado cruceño Henry Gutiérrez Farrel, miembro de la alianza Creemos y aliado político de Reyes Villa, presentó una Acción de Cumplimiento contra el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel. En su recurso, exigía la inhabilitación de tres parlamentarias del Movimiento Al Socialismo (MAS) —María José Rodríguez Gálvez, Lidia Tupa Zelaya y Miriam Martínez Michaga—, bajo el argumento de que tampoco habrían dejado sus cargos antes de inscribirse como candidatas a la reelección.

Gutiérrez explicó que ya había formalizado una denuncia el 30 de mayo contra las tres legisladoras, pidiendo al TSE que las excluyera de las listas del MAS. El recurso judicial buscaba que la Sala Constitucional ordene al vocal Hassenteufel “cumplir con su deber omitido” y proceda con las inhabilitaciones.

Sin embargo, en un giro inesperado, el diputado Gutiérrez presentó un memorial en el que retira oficialmente su demanda contra el vocal electoral. “La unidad de Bolivia está por encima de cualquier situación personal y particular”, señala el documento firmado por el legislador y dirigido al presidente de la Sala Constitucional Segunda.

En el texto, Gutiérrez solicita que se archive el caso y pide la entrega de copias legalizadas de todas las actuaciones procesales. Con ello, se desactiva temporalmente una de las controversias judiciales que amenazaban con empañar el tramo final del proceso electoral.

El legislador no ofreció más detalles sobre su cambio de postura, aunque su entorno político mantiene una activa participación en las elecciones. Su esposa, Nair Sánchez, es candidata a diputada por la alianza ASPB-Súmate en la circunscripción 47 de Santa Cruz.

Mientras tanto, la Sala Constitucional debería resolver esta demanda en las próximas horas de este viernes ante la posibilidad de inhabilitación de cinco candidatos presidenciales.