A través de un comunicado, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia pide al gobierno nacional considerar "de manera urgente los ajustes normativos que correspondan para dejar sin efecto" la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (2025). Ellos advierten que "esta medida que ocasiona incertidumbre y desconfianza en las empresas y genera conflictos sociales innecesarios".

Esta disposición adicional séptima de la Ley del PGE 2025 señala que, “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.

Para los empresarios, "la indudable inseguridad y zozobra generada por la disposición séptima entre los productores nacionales y el sector del comercio, evidencia la necesidad de que la coordinación y el diálogo previo sean los mecanismos indispensables que se apliquen en cualquier decisión que afecte a los sectores productivos".

Debido a esta situación es que piden "al gobierno nacional que se consideren de manera urgente los ajustes normativos que correspondan para dejar sin efecto esta medida que ocasiona incertidumbre y desconfianza en las empresas y genera conflictos sociales innecesarios. Es importante que se fortalezcan las acciones para combatir el contrabando, el agio y la especulación en los espacios donde realmente ocurren".