El exmandatario acusa al gobierno de estar "en quiebra" por la falta de liquidez para importar combustibles y señala la "derechización" del gobierno en medio de su lucha por el control del MAS

La tensión política entre el expresidente Evo Morales y el presidente Luis Arce, ha llegado a un punto álgido, mientras Bolivia atraviesa una crisis económica marcada por la escasez de diésel y gasolina, que afecta gravemente la producción y el transporte en todo el país. El domingo, Morales arremetió nuevamente contra Arce, asegurando que el "Estado boliviano está en quiebra", al depender de créditos para la compra de combustibles, una situación que ha puesto en evidencia la fragilidad económica del gobierno.

“Si el Estado no estuviera en quiebra no haría falta plata para comprar combustible, más bien sobraría. Esa es la mejor prueba de que el Estado está en quiebra. Depender de la deuda externa para comprar gasolina y diésel es de un Estado mendigo y limosnero”, declaró Morales durante su programa de radio dominical, transmitido desde el Chapare, donde se encuentra refugiado debido a una investigación penal en su contra por presunto abuso de una menor durante su mandato (2006-2019).

Las críticas de Morales se producen en un momento crítico para Arce, quien enfrenta su peor momento de gobierno debido a la escasez de combustibles, lo que ha disparado el precio de los alimentos y afectado gravemente la economía nacional. Esta situación ha desencadenado una serie de manifestaciones programadas en todo el país, exigiendo soluciones ante la falta de combustibles y el elevado costo de vida.

Aunque Arce reconoció la grave situación, explicó que los créditos pendientes de aprobación legislativa no son específicamente para la compra de combustibles, sino que buscan generar “liquidez de divisas”. Según el mandatario, la escasez se debe a la falta de dólares para importar productos, una situación que ha llevado al gobierno a tomar medidas como la modificación de la jornada laboral y la reducción del consumo de combustibles en el parque automotor estatal.

Arce también acusó a Morales de un “boicot” económico desde la Asamblea Legislativa, donde los legisladores leales a Morales y los opositores han mantenido bloqueada la aprobación de créditos externos por más de 1.600 millones de dólares. Morales, por su parte, insistió en que la Asamblea debe aprobar créditos destinados a la inversión pública, y no para el gasto público ni para la compra de combustibles.

En medio de este conflicto interno dentro del Movimiento al Socialismo (MAS), Arce ha perdido la mayoría legislativa, lo que ha permitido a los seguidores de Morales y a la oposición un mayor control en las decisiones políticas. El gobierno, que subvenciona los combustibles, se ve obligado a importar el 82% del diésel y la mitad de la gasolina, debido a una baja producción interna por la falta de inversiones. Según autoridades, el país necesita alrededor de 60 millones de dólares a la semana para cubrir los costos de importación, un precio que se vende a la mitad del valor internacional.

En otra arista del conflicto, Morales acusó al gobierno de Arce y a la oposición de buscar anular la sigla del Frente Para la Victoria (FPV), partido que impulsa su candidatura presidencial. Este hecho surgió luego de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) admitiera un recurso que solicita la cancelación de la personería jurídica del FPV, así como del Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol), al no haber superado el 3% de la votación en las elecciones de 2020.