Exministro Arturo Murillo es aprehendido tras llegar a Bolivia
El exministro de Gobierno, Arturo Murillo, arribó al aeropuerto internacional de Viru Viru en Santa Cruz la madrugada de este jueves, deportado desde Estados Unidos. Según confirmó en conferencia de prensa el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, efectivos de la Policía Boliviana procedieron a su aprehensión en el mismo vuelo comercial en el que llegó al país, ejecutando así las órdenes de captura pendientes en su contra.
Una vez en tierra, Murillo fue trasladado a una celda en la terminal aérea, donde la Interpol verificó su identidad. El ministro Ríos informó que el exministro fue atendido por un equipo médico, el cual le diagnosticó un cuadro de hipertensión arterial y una crisis de ansiedad, por lo cual recibió la medicación correspondiente. El gobierno aseguró que se están velando por sus derechos humanos y garantizando su salud.
Murillo enfrenta al menos ocho procesos penales en Bolivia, dos de los cuales ya cuentan con sentencias condenatorias. En octubre de 2024, fue sentenciado a ocho años de prisión por el caso "Gases Lacrimógenos", relacionado con la compra de gases antidisturbios con un sobreprecio de 2,3 millones de dólares. A ello se suma una segunda condena de cinco años y cuatro meses de cárcel, dictada en enero de 2025, por el "Caso Gases Ecuador".
El ministro Ríos indicó que el traslado del exministro a La Paz se realizará a media mañana, con un vuelo programado para cerca de las 11:00. Se espera que arribe a la sede de gobierno a mediodía, donde será puesto inmediatamente a disposición de un juez. El magistrado deberá definir la situación jurídica de Murillo y el recinto penitenciario en el que deberá cumplir sus sentencias.
La aprehensión de la exautoridad marca un hito en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país. El Gobierno ha reiterado su compromiso de que todas las personas que hayan cometido delitos respondan ante la justicia, sin importar su cargo o posición política. Este caso demuestra la coordinación entre las autoridades nacionales e internacionales para garantizar el cumplimiento de la ley.
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