En medio de la escasez de dólares y las crecientes demandas para flexibilizar los controles en el sector oleaginoso, el exministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, defendió las medidas regulatorias aplicadas a esta actividad agroindustrial.

Según reporte de la agencia estatal ABI, Huanca afirmó que seis industrias concentran alrededor del 85% de la producción de subproductos de soya.

Además, indicó que un reducido grupo de productores controla el 50% de la producción de grano, lo que —a su juicio— hace necesario implementar políticas que promuevan la equidad y la diversificación dentro del complejo oleaginoso.

“La estructura del mercado revela una concentración donde seis industrias oleaginosas controlan casi el 85% de la producción de subproductos de soya, y un pequeño porcentaje de productores domina aproximadamente el 50% de la producción de grano”, afirmó Huanca, según un reporte de la agencia estatal ABI.

Actualmente, la industria oleaginosa boliviana tiene un peso significativo en la economía nacional. En 2024, produjo 1,7 millones de toneladas de torta de soya solvente, 139.000 toneladas de harina integral de soya, 85.000 toneladas de cascarilla, 459.000 toneladas de aceite crudo y 183.000 toneladas de aceite refinado.

De estos volúmenes, el 80% de la torta de soya se destina a la exportación, mientras que el restante 20% abastece a más de 14.700 productores pecuarios en el país. La cascarilla se utiliza principalmente en la producción lechera, y el aceite crudo se transforma en aceite refinado para el consumo interno.

En 2024, el sector logró exportar casi $us 1.000 millones, y solo hasta abril de 2025 ya acopió 1,9 millones de toneladas de grano, con proyecciones de alcanzar los 3 millones en la gestión. A abril, ya se habían concretado exportaciones por más de $us 211 millones, lo que confirma una recuperación sostenida, cuestionó Huanca.

Pese a estos resultados, el debate entre control y libre mercado sigue abierto. Mientras las autoridades insisten en regular para corregir asimetrías, los industriales y productores del sector exigen reglas claras, mayor libertad comercial y un entorno favorable a la inversión para seguir creciendo.

Justamente ayer durante el Foro Agropecuario “Decisiones que cosechan futuro”, organizado por la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), representantes del agro exigieron seguridad jurídica plena para frenar los avasallamientos y garantizar el derecho a la propiedad privada, además de la eliminación de restricciones que, aseguran, frenan la producción y desalientan la inversión.

Durante el evento, también se planteó la necesidad de abrir sin restricciones las exportaciones agropecuarias para generar divisas, levantar las limitaciones al uso de biotecnología para mejorar los rendimientos del campo, asegurar el suministro de combustibles a precios accesibles y reducir el rol empresarial del Estado.

De acuerdo con la exautoridad, esta situación requiere políticas públicas orientadas a una mayor equidad y diversificación en el complejo oleaginoso, para evitar que unos pocos actores manejen todo el proceso, desde el acopio hasta la fijación de precios, en detrimento de pequeños y medianos productores.

No obstante, representantes del sector oleaginoso han criticado con fuerza las restricciones impuestas por el Estado, como los cupos de exportación y los requisitos de abastecimiento interno, que —según sostienen— generan distorsiones, desincentivan la inversión y dificultan la competitividad internacional.