La Fiscalía inició un proceso contra L. P., exdiputada del MAS, por presuntas faltas vinculadas al manejo del Fondo Indígena. El requerimiento fiscal, al que accedió una televisora nacional, solicita la designación de un investigador policial para atender la denuncia presentada por el Fondo de Desarrollo Indígena.

El documento señala que se indagan cuatro presuntos delitos: incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos y conducta antieconómica.

En julio de 2025, más de una década después de revelarse el caso, la Fiscalía presentó la acusación formal para iniciar juicio contra 15 personas —entre exfuncionarios y dirigentes— con penas que podrían llegar a ocho años de prisión. Entre los acusados figura la exministra de Desarrollo Rural N. A., quien ya cumplió detención preventiva por este mismo proceso.

El caso surgió en 2015, cuando la Contraloría identificó que 153 proyectos financiados por el Fondo Indígena no habían sido concluidos, pese a haber recibido recursos. La investigación generó controversia debido a la implicación de dirigentes cercanos al MAS, señalados por recibir depósitos sin ejecutar las obras comprometidas.