La ejecutiva de la Federación Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud (FRUTCAS), Yamile Cruz, cuestionó el rol del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) en la gestión del conflicto por las aguas del Silala y la explotación del litio. Recordó que Comcipo rechazó en 2009 el acuerdo preliminar entre Bolivia y Chile sobre el uso compartido del recurso hídrico, lo que, a su criterio, perjudicó al sudeste potosino.

En ese entonces, el gobierno chileno ofreció pagar $us 6,2 millones anuales por el 50% del uso de las aguas del Silala, pero Comcipo calificó el trato como una "burla". En 2022, la Corte Internacional de Justicia de La Haya determinó que el Silala es un río de curso internacional, cerrando el caso sin compensación para Bolivia.

Cruz remarcó que la defensa del litio debe contemplar una propuesta integral que incluya el acceso al agua y una ley específica que beneficie a Potosí. Además, denunció falta de transparencia por parte del Gobierno y de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), que —según dijo— lleva más de cinco años sin brindar información a las comunidades.

Recordó que FRUTCAS presentó en 2006 el primer proyecto piloto de industrialización a Evo Morales, lo que dio origen a la planta de carbonato de litio. Sin embargo, criticó al gobierno de Luis Arce por corrupción y paralización del avance. Aseguró que la planta inaugurada en 2023 no opera ni al 10% de su capacidad.

Cruz respaldó la acción popular que logró frenar los contratos con las empresas rusa y china, y reiteró que la industrialización solo debe realizarse con soberanía, participación comunitaria, transparencia y respeto al medioambiente. “Sin eso, no vamos a ser parte. Pero con eso, siempre vamos a apoyar”, concluyó.