El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, presentó este lunes en La Paz el Decreto Supremo 5600, una norma que elimina más de 160 disposiciones que permitían la contratación directa en el Estado.

El anuncio fue realizado junto al ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, y el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, en un acto oficial en el que se destacó el objetivo de fortalecer la transparencia en el manejo de recursos públicos.

Según explicó Lupo, la nueva normativa cierra un mecanismo que durante años permitió adjudicar contratos sin licitación, sin competencia y sin control efectivo. En ese sentido, el decreto abroga y deroga todas las disposiciones que autorizaban este tipo de contrataciones como excepción al sistema regular.

A partir de ahora, todas las compras públicas deberán realizarse mediante procesos competitivos y transparentes, conforme a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.

De acuerdo con el Gobierno, durante casi dos décadas la contratación directa fue utilizada de manera recurrente, permitiendo a instituciones públicas seleccionar proveedores sin comparación de ofertas ni garantía de precios justos, lo que debilitó principios como la transparencia, eficiencia y competencia.

La nueva norma también instruye a todos los ministerios realizar un relevamiento exhaustivo de las contrataciones directas ejecutadas en años anteriores, con el objetivo de identificar posibles irregularidades o hechos de corrupción. Este proceso deberá ser reglamentado en un plazo de 30 días por los ministerios correspondientes.

Asimismo, se aclaró que las contrataciones iniciadas antes de la vigencia del decreto continuarán bajo la normativa con la que fueron iniciadas, garantizando la seguridad jurídica de los procesos en curso.

Desde el Ejecutivo se señala que esta medida busca marcar un cambio en la gestión pública, orientado a recuperar la transparencia, ordenar las contrataciones estatales y fortalecer el control ciudadano sobre el gasto público.