El Gobierno y la Cámara Boliviana de Desarrolladores Inmobiliarios (CBDI) acordaron iniciar una agenda conjunta para fortalecer el acceso a la vivienda, incentivar la inversión privada y reactivar el sector de la construcción, considerado uno de los principales motores de la economía boliviana.

El acuerdo fue alcanzado durante una reunión entre representantes de la CBDI, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, y el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Oscar Mario Justiniano. Durante el encuentro coincidieron en la necesidad de generar mecanismos que permitan ampliar el financiamiento habitacional y fortalecer la cadena productiva vinculada al desarrollo inmobiliario.

Las autoridades también analizaron la importancia de impulsar políticas que otorguen mayor certidumbre a las familias bolivianas y fomenten nuevas inversiones en un sector que genera más de 130.000 empleos directos y alrededor de 300.000 indirectos, además de dinamizar cerca de 40 actividades económicas relacionadas con la construcción.

El Gobierno reafirmó su compromiso de mantener espacios permanentes de coordinación con el sector privado para diseñar medidas orientadas a fortalecer el aparato productivo y ampliar las oportunidades de acceso a una vivienda propia.

Por su parte, la Cámara Boliviana de Desarrolladores Inmobiliarios manifestó su disposición de trabajar de manera técnica junto al Ejecutivo en la elaboración de propuestas que permitan consolidar una nueva política habitacional, reducir el déficit de vivienda y contribuir a la reactivación económica.

El acercamiento se produce en un contexto de mayores dificultades para acceder a créditos de vivienda de interés social. Según representantes del sector, aunque las tasas reguladas se mantienen entre el 5,5% y el 6,5%, los plazos de financiamiento se redujeron de hasta 30 años a períodos de entre 10 y 15 años, incrementando significativamente el valor de las cuotas mensuales para las familias.

Asimismo, indicaron que la restricción del crédito provocó una disminución en la cartera de vivienda de interés social y mayores obstáculos para que trabajadores independientes y familias de ingresos medios y bajos puedan cumplir con los requisitos exigidos por las entidades financieras.

En ese escenario, la CBDI planteó la necesidad de reformar el esquema actual de vivienda social y crear un sistema estatal de garantías que permita compartir el riesgo de los créditos hipotecarios, con el objetivo de ampliar el acceso al financiamiento y reactivar la construcción.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), alrededor de 1,5 millones de familias en Bolivia enfrentan dificultades para acceder a una vivienda adecuada. Además, el Gobierno busca recuperar más de 2.000 viviendas sociales construidas con recursos públicos que permanecen desocupadas.

Con la instalación de esta mesa de trabajo, el Gobierno y el sector inmobiliario buscan consensuar medidas para reactivar el financiamiento habitacional, fortalecer la construcción y facilitar el acceso de más familias a una vivienda propia.