El modelo 50-50, impulsado por el presidente Rodrigo Paz, plantea una redistribución de los recursos públicos entre el Gobierno central y las entidades subnacionales con el objetivo de fortalecer las autonomías y descentralizar la administración del Estado. La propuesta no solo contempla una nueva distribución económica, sino también la transferencia de competencias y responsabilidades a gobernaciones, alcaldías y universidades públicas.

Según explicó el mandatario, la iniciativa busca transformar la estructura del Estado, al considerar que actualmente existe una excesiva concentración de recursos y decisiones en el nivel central. En la actualidad, el Gobierno administra entre el 80% y el 88% de los recursos públicos, mientras que gobernaciones y municipios dependen en gran medida de las transferencias nacionales para financiar sus servicios.

La propuesta establece que el 50% de los recursos nacionales permanezca bajo administración del Gobierno central y que el otro 50% sea distribuido entre las entidades subnacionales. De este porcentaje, el 25% estaría destinado a alcaldías y pueblos indígenas, el 20% a las gobernaciones y el 5% a las universidades públicas.

El Ejecutivo sostiene que esta redistribución debe estar acompañada de una descentralización de funciones, permitiendo que gobernaciones y municipios asuman directamente la gestión de áreas como salud, educación e infraestructura vial. Además, plantea fortalecer la autonomía financiera de las regiones mediante una mejor administración de tributos, mercados y empresas públicas.

Tras las elecciones subnacionales, el Gobierno inició un proceso de socialización del modelo con alcaldes y gobernadores. Como parte de este trabajo, el presidente anunció reuniones técnicas para explicar el contenido de la propuesta y consensuar el paquete de leyes que permita su implementación.

En ese contexto, gobernadores de La Paz, Santa Cruz, Tarija, Beni, Chuquisaca, Oruro y un representante de Pando acordaron plantear una reforma a la Ley Marco de Autonomías para incorporar de manera gradual el modelo 50-50 y la transferencia de competencias. El siguiente paso será una reunión entre el presidente y los nueve gobernadores del país en Sucre para analizar la propuesta y definir una hoja de ruta.

Sin embargo, la iniciativa también ha generado observaciones sobre su aplicación. Uno de los principales cuestionamientos señala que la reforma requerirá modificaciones a la Ley Marco de Autonomías, normas fiscales y al régimen de distribución de competencias, por lo que no podría implementarse de manera inmediata.

Asimismo, se planteó la necesidad de evaluar si los gobiernos subnacionales cuentan con la capacidad técnica, administrativa y financiera para asumir nuevas responsabilidades en áreas como salud y educación. También surgieron observaciones relacionadas con las diferencias económicas entre departamentos y la importancia de fortalecer los mecanismos de control y transparencia para la administración de mayores recursos.

Mientras el Gobierno defiende el modelo como una reforma para fortalecer las autonomías y acercar la toma de decisiones a las regiones, el debate continúa centrado en la viabilidad política, jurídica y financiera de una transformación que modificaría la distribución de recursos y competencias entre el nivel central y las entidades subnacionales.