La audiencia del exgobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y otros imputados concluyó este viernes con la declaración de extinción del proceso penal, dejando sin efecto los delitos por los que fueron acusados en relación con los 36 días de bloqueo registrados en la capital cruceña.

El caso se refiere al paro cívico indefinido que se desarrolló entre octubre y noviembre de 2022 en Santa Cruz, impulsado por diferentes instituciones y sectores cruceños en demanda de la realización del Censo de Población y Vivienda.

Durante el proceso, Camacho afirmó que la “persecución política” en su contra se había convertido en “un circo” y pidió al juez no ser parte de esa situación, además de actuar con objetividad y apego a las leyes.

En agosto de 2025, la Justicia había determinado el cese de la detención preventiva de Camacho dentro de este caso. Posteriormente, la exautoridad obtuvo detención domiciliaria, arraigo y una fianza de Bs 50.000.

El paro de 36 días comenzó el 22 de octubre de 2022 y tenía como demanda la realización del Censo de Población y Vivienda. La medida concluyó después de la aprobación del Decreto Supremo 4824, que fijó el empadronamiento en el país.

Por los hechos registrados durante las movilizaciones, el Ministerio Público inició un proceso penal contra varias personas, entre ellas Luis Fernando Camacho, por delitos vinculados al paro y los bloqueos. La causa avanzó hasta que la Justicia determinó la extinción del proceso contra los imputados.