La Cámara Nacional de Industrias (CNI) de Bolivia manifestó su profunda preocupación por una disposición incluida en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, la cual permite la confiscación y/o decomiso de productos a empresas como medida para prevenir el encarecimiento de bienes.

Según la CNI, esta medida es "discrecional, arbitraria, represiva y extorsiva", y representa una amenaza directa a la seguridad jurídica de las empresas formalmente establecidas.

En un comunicado oficial, la CNI exhortó al Gobierno Nacional a eliminar esta disposición, advirtiendo que podría tener graves consecuencias económicas y sociales. Entre los riesgos destacados, señalan el fomento al contrabando, el incremento de la informalidad, el desaliento a la producción, el desabastecimiento alimentario, una caída en la inversión, aumento del desempleo y reducción en la recaudación tributaria.

La CNI también comparó esta política con las de otros países sudamericanos que buscan atraer inversiones y fortalecer la iniciativa privada, destacando que Bolivia parece alejarse de dichas prácticas. "Estas medidas podrían ahuyentar tanto a inversores nacionales como internacionales", enfatizó el comunicado.

Ante este panorama, la CNI instó al Gobierno a reconsiderar la disposición y priorizar políticas que promuevan el desarrollo industrial y el crecimiento económico sostenible. Asimismo, reiteró su disposición a dialogar con las autoridades para encontrar soluciones conjuntas que beneficien al país.