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La Comisión Europea detalla las prácticas de IA prohibidas bajo la nueva Ley

La Comisión Europea detalla las prácticas de IA prohibidas bajo la nueva Ley

05 de Febrero de 2025 07:17 pm

La Comisión Europea ha publicado directrices que especifican las prácticas de inteligencia artificial (IA) prohibidas según la Ley de IA de la Unión Europea, en vigor desde el 1 de agosto de 2024.

Estas directrices buscan aclarar las restricciones establecidas en el artículo 5 de la ley, orientando a las empresas y entidades en su cumplimiento.

Entre las prácticas prohibidas se incluyen sistemas de IA que manipulen a los usuarios mediante técnicas subliminales o engañosas, aquellos que exploten vulnerabilidades basadas en la edad o discapacidad, y sistemas que utilicen la puntuación social para evaluar comportamientos.

Además, se prohíbe el uso de IA para predecir delitos basándose en la apariencia de una persona y la recolección de datos biométricos en tiempo real en espacios públicos sin justificación legal.

Las empresas que incumplan estas normativas se enfrentan a sanciones severas, que pueden alcanzar hasta 35 millones de euros o el 7% de su facturación anual global, según cuál sea mayor.

Este marco regulatorio subraya el compromiso de la Unión Europea con la protección de los derechos fundamentales y la seguridad de sus ciudadanos en el contexto del desarrollo y uso de la IA.

La Ley de IA clasifica los sistemas en cuatro niveles de riesgo: mínimo, limitado, alto e inaceptable. Las prácticas mencionadas se consideran de riesgo inaceptable y, por lo tanto, están completamente prohibidas dentro del territorio de la UE. Esta clasificación tiene como objetivo equilibrar la innovación tecnológica con la protección de los valores europeos.

Se espera que los Estados miembros designen, antes del 2 de agosto de 2025, las autoridades encargadas de supervisar y garantizar el cumplimiento de estas regulaciones. La Comisión Europea continuará proporcionando orientación adicional para facilitar la adaptación de las empresas a este nuevo marco legal y asegurar una implementación coherente en toda la Unión.

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