En respuesta al informe de Libertad y Represión Religiosa en Cuba de 2022 y la adenda presentada ante las Naciones Unidas el 1 de septiembre de 2023, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha formulado acusaciones directas contra la dictadura cubana, señalando un patrón gubernamental de control y represión religiosa institucional.

Basándose en el documento elaborado por Prisoners Defenders en 2022, en colaboración con Outreach Aid to the Americas (OAA), la ONU ha expuesto la represión absolutista dirigida hacia las religiones islámica, católica, protestante y yoruba en la isla caribeña.

Este pronunciamiento aumenta la presión internacional sobre el régimen cubano, cuestionando su compromiso con los derechos humanos y la libertad religiosa. Se destaca como el último desarrollo de una creciente preocupación global respecto a la situación de la represión religiosa en Cuba.

El informe de 2022, que detalla la represión y control absolutos de todas las prácticas religiosas en la isla por parte del régimen cubano, ha sido fundamental en la formulación de estas acusaciones. Según el estudio, el gobierno comunista ha establecido agrupaciones ficticias, controladas por la Seguridad del Estado y la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos (OAAR), para servir a los intereses del Partido Comunista.

Estas agrupaciones ficticias, incluyendo la Asociación Cultural Yoruba, la Liga Islámica de Cuba, el Consejo de Iglesias y Pastores por la Paz, según el informe, son utilizadas para silenciar y controlar a las comunidades religiosas, creando un entorno de represión sistemática.

El reconocimiento de Cuba como "Country of Particular Concern" (CPC) por parte del gobierno de los Estados Unidos, tras la adopción del informe por la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos (USCIRF), ha intensificado la presión sobre el régimen cubano.

El informe de 2022 señala que la situación no ha mejorado en 2023, presentando 13 casos de represión religiosa en Cuba, abarcando líderes y feligreses de diversas religiones. La carta de Naciones Unidas acusa explícitamente al régimen cubano de violar múltiples derechos fundamentales, incluyendo la libertad de pensamiento, conciencia, religión, reunión pacífica y asociación.

La represión religiosa en Cuba ya había sido objeto de advertencias anteriores por parte de Naciones Unidas, pero la nueva denuncia profundiza en los patrones de control, hostigamiento, amenazas y malos tratos a religiosos, destacando la planificación gubernamental y la implicación directa de la OAAR, vinculada al Comité Central del Partido Comunista.

La carta acusatoria, denominada JAL CUB 4/2023, fue presentada por cinco Mandatos y Relatores Especiales de Naciones Unidas. Entre las acusaciones se encuentran prácticas de tortura, tratos crueles e inhumanos, violaciones a la libertad y seguridad personales, así como violaciones al derecho al debido proceso. Hasta el momento, las autoridades cubanas no han respondido a estas acusaciones, mientras la comunidad internacional insta al régimen a abordar estas preocupaciones y respetar los derechos fundamentales de libertad religiosa.