El gobierno de Lula da Silva busca captar capital, pero expertos alertan sobre posibles fraudes y efectos adversos

Brasil, siguiendo el ejemplo de varios países europeos, ha lanzado oficialmente su "visado dorado", con la esperanza de atraer inversiones extranjeras al sector inmobiliario del país. A cambio de una inversión mínima de 1 millón de reales (173.792 dólares) en las regiones Sur, Sudeste y Centro-Oeste, o 700.000 reales (121.654 dólares) en el Norte y Nordeste, los inversores pueden obtener visados permanentes con posibilidad de obtener la ciudadanía brasileña después de cuatro años. Aunque este programa existe desde 2018, no fue hasta ahora que se ha promovido oficialmente, con la expectativa de que pueda dinamizar un sector inmobiliario en crisis debido a los altos tipos de interés.

En un contexto de desaceleración económica y altos niveles de morosidad en el sector, la introducción del visado dorado podría ser la solución que Brasil necesita para evitar una burbuja inmobiliaria y quiebras generalizadas. Se estima que el país podría captar hasta 1.000 millones de reales (173,8 millones de dólares) solo en el primer año de implementación del programa.

No obstante, la medida ha generado polémica, ya que la experiencia de países como España, Portugal y Chipre, que implementaron visados similares, ha demostrado efectos secundarios graves. En Portugal, por ejemplo, la afluencia de inversiones extranjeras provocó una escasez de viviendas accesibles para los locales, con un aumento desorbitado de los precios de alquiler y una inflación en el mercado inmobiliario. Esta situación obligó al gobierno portugués a excluir las inversiones inmobiliarias de este programa en 2023.

El riesgo de que Brasil sufra consecuencias similares, como un aumento en la escasez de viviendas para su población más vulnerable y el aumento de la desigualdad en el acceso a la vivienda, está sobre la mesa. Además, existe la preocupación de que el país se convierta en un refugio para capitales ilícitos, tal como sucedió en Chipre, donde el mercado de pasaportes fue explotado por oligarcas rusos.

En Brasil, además de la posibilidad de fraudes relacionados con el dinero proveniente del narcotráfico, especialmente en las zonas del noreste, el mercado inmobiliario enfrenta otro reto: un exceso de oferta. Aunque Brasil enfrenta un déficit habitacional de 5,8 millones de viviendas y un tercio de su población urbana carece de acceso a un saneamiento adecuado, las constructoras han inundado el mercado con miles de propiedades sin una demanda real, generando incertidumbre sobre el futuro del sector.

La Fiscalía de San Pablo está investigando posibles fraudes en el uso de subvenciones para la construcción de viviendas de interés social. Según informes de UOL, se sospecha que algunas de las principales constructoras de la ciudad están utilizando fondos destinados a viviendas para sectores de bajos ingresos para construir propiedades para clases más altas, con precios que superan los 3.000 dólares por metro cuadrado.

A este panorama se suman las crecientes deudas de los compradores, que han disparado las subastas inmobiliarias en los últimos dos años. Según un informe del Instituto Locomotiva, tres de cada cuatro brasileños están endeudados, lo que agrava aún más la crisis económica.

El gobierno de Lula da Silva espera que el visado dorado impulse las inversiones extranjeras, pero algunos expertos consideran que esta medida podría no ser suficiente para salvar el mercado inmobiliario en crisis. A pesar de la promulgación de políticas como la ampliación del programa "Mi Casa, Mi Vida" para incluir a más personas en el segmento social, el aumento de la violencia urbana, la inseguridad jurídica y el alto costo de la sanidad privada siguen siendo obstáculos para los inversores extranjeros.

La implementación de este visado dorado y la incertidumbre sobre sus efectos a largo plazo siguen siendo temas de debate, mientras el gobierno brasileño busca atraer capital extranjero en medio de una economía en crisis.