El vicepresidente Edmand Lara afirmó que mientras la Central Obrera Boliviana (COB) plantea diálogo y demandas laborales, la respuesta del Gobierno se centra en órdenes de aprehensión y procesos contra dirigentes sociales en medio de los conflictos y bloqueos que atraviesa el país.

Las declaraciones de Lara se producen días después de que el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, señalara que las demandas sectoriales y pliegos petitorios quedaban en segundo plano para concentrarse en el pedido de renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Según el vicepresidente, los dirigentes sindicales están reclamando respuestas frente a la situación económica y social que enfrenta el país, por lo que cuestionó que la reacción del Ejecutivo sea mediante procesos judiciales y órdenes de captura.

“Dirigentes de la COB salen a exigir algo legítimo: diálogo y un incremento salarial justo para los trabajadores. No están pidiendo privilegios, están reclamando respuestas frente a la difícil situación que vive el país. ¿Y cuál es la respuesta del presidente y sus ministros? Órdenes de aprehensión, persecución e intimidación”, manifestó Lara.

Las declaraciones surgen en medio de reiterados llamados al diálogo realizados por el Gobierno nacional y otros organismos. El lunes, la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea de Derechos Humanos pidieron a las partes en conflicto fijar fecha y hora para instalar un espacio de concertación que permita reducir la tensión social.

Para Lara, las acciones asumidas contra dirigentes sociales no representan una salida democrática al conflicto y consideró que existe un intento de imponer temor mediante el uso de mecanismos estatales.

“El mensaje que se le manda al país es claro: ‘si reclamas, te callamos, si protestas, te perseguimos’ y Bolivia no puede normalizar esto. Por eso, hoy le pedimos al señor presidente que cesen inmediatamente las órdenes de aprehensión contra los dirigentes sociales”, afirmó.

Actualmente, el dirigente de la COB Mario Argollo enfrenta una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía, además de varias denuncias relacionadas con los bloqueos y las consecuencias generadas por las movilizaciones en diferentes regiones del país.

Por su parte, el viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, cuestionó las declaraciones del vicepresidente y sostuvo que no se puede justificar los hechos violentos registrados durante las protestas.

Justiniano señaló que existen evidencias de ataques con dinamita, saqueos y otros hechos violentos ocurridos durante los enfrentamientos del lunes en la ciudad de La Paz.