La Sociedad Interamericana de Prensa expresó su preocupación por las agresiones registradas contra periodistas en Bolivia durante la cobertura de protestas y conflictos sociales en distintas regiones del país.

A través de una nota institucional, la SIP alertó sobre la situación de vulnerabilidad que enfrentan trabajadores de la prensa y pidió garantizar condiciones seguras para el ejercicio periodístico.

Según el pronunciamiento, al menos diez periodistas fueron agredidos y resultaron heridos durante movilizaciones y episodios de tensión social registrados en mayo.

La organización señaló que este escenario refleja un incremento de hostilidad contra el periodismo y citó reportes de asociaciones de prensa y gremios periodísticos bolivianos.

Entre los casos mencionados se encuentran las agresiones sufridas por Vladimir Rojas, de Unitel, y Ramiro Charca, de Radio Televisión Popular, quienes resultaron heridos el 16 de mayo en la localidad de Lipari, municipio de Mecapaca.

De acuerdo con información de la Asociación Nacional de la Prensa, Rojas fue retenido violentamente y su equipo de trabajo destruido, mientras que Charca sufrió lesiones por impactos de piedras. También se reportaron daños a vehículos de medios de comunicación y hostigamientos contra otros equipos periodísticos.

La SIP también expresó preocupación por las lesiones sufridas por el camarógrafo Hugo Machicado, de Gigavisión, quien resultó herido por el impacto de dinamita durante los incidentes del 18 de mayo en La Paz.

Además, se denunciaron agresiones con piedras, palos y gases lacrimógenos, así como hostigamiento verbal contra periodistas que cubrían las movilizaciones.

El presidente de la SIP, Pierre Manigault, afirmó que “estos ataques son inaceptables y constituyen una violación a la libertad de prensa. Ningún periodista debe ser agredido por cumplir con su labor de informar a la ciudadanía”.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Martha Ramos, sostuvo que “la violencia contra periodistas durante la cobertura de protestas sociales busca silenciar información sobre hechos de claro interés público”.

La SIP reiteró que las autoridades tienen la obligación de garantizar condiciones seguras para el trabajo de la prensa en Bolivia.