El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, calificó el Decreto Supremo 5552 como “completamente inconstitucional” y advirtió que la norma “destroza la institucionalidad”, al subordinarlo, según su criterio, a un candidato que perdió las elecciones. Lara afirmó que actualmente “prácticamente soy un empleado de José Luis Lupo”, y denunció que no puede ejercer funciones propias de su cargo, como contratar personal o firmar memorándums.

El vicepresidente aclaró que su reclamo no es personal, sino institucional, y anunció que presentará acciones constitucionales para salvaguardar la vicepresidencia y el respeto a la Constitución. También exhortó al Tribunal Constitucional y demás autoridades a actuar con justicia, resaltando que la medida busca proteger la democracia y la institucionalidad.

Sobre la crisis en el suministro de combustible, Lara criticó la situación de aproximadamente 700 cisternas varadas en la refinería de Palmasola y alertó sobre riesgos de derrames. Además, cuestionó la calidad de la gasolina y la supervisión de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, indicando que el combustible no cumple los estándares y afecta a los motores de los vehículos.

En materia judicial, señaló la urgencia de designar a los magistrados faltantes del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Tribunal Supremo de Justicia, y criticó que se alegue falta de condiciones para resolver acciones constitucionales mientras sí se dictan fallos en otros temas. Propuso convocar a nuevos comicios judiciales tras las elecciones municipales y departamentales para cubrir las magistraturas acéfalas.

Lara también denunció un aumento del narcotráfico vinculado al Aeropuerto Internacional Viru Viru, criticando la coordinación insuficiente con autoridades internacionales y afirmando que el país se encuentra en un “n4rc0estado”. Por último, se refirió a la inseguridad en Santa Cruz, mencionando secuestros, asesinatos y asaltos cometidos por motociclistas, y exigió que la policía actúe para evitar más pérdidas humanas.