Lidia Patty cumple 60 días en prisión denuncia presiones para guardar silencio sobre el Fondo Indígena
La exdiputada Lidia Patty cumplió 60 días privada de libertad en el penal de Obrajes de La Paz, donde permanece desde el 6 de diciembre de 2025, en el marco de un proceso vinculado al desfalco del Fondo Indígena.
A la mitad del plazo legal para que la Fiscalía presente una acusación formal, la exautoridad aseguró que fue presionada para callar irregularidades y que incluso le sugirieron abandonar el país.
En una entrevista concedida a un medio escrito, Patty afirmó que durante la ejecución de proyectos financiados por el Fondo Indígena se exigían pagos irregulares para viabilizar su aprobación.
Señaló que esas prácticas fueron denunciadas ante el Ministerio Público y ante integrantes del directorio de la entidad, sin que se activaran investigaciones, lo que —según su versión— derivó en presiones y silenciamiento.
La exdiputada recordó que el día de su aprehensión presentó una copia de una denuncia de 2012, en la que advertía sobre presuntas irregularidades en un proyecto productivo en comunidades del norte paceño.
Ese caso fue rechazado en su momento por falta de pruebas, antecedente que, de acuerdo con su testimonio, evidenció el inicio de un esquema que posteriormente derivó en uno de los mayores casos de corrupción del país.
Actualmente, el proceso en su contra se sustenta en decenas de actos investigativos y una auditoría interna que detectó observaciones en un proyecto por el cual se desembolsaron más de 600 mil bolivianos.
Desde la defensa y voces vinculadas a otros implicados en el caso del Fondo Indígena, se sostiene que los hechos relatados responden a un patrón de irregularidades que involucró a exautoridades, dirigentes y técnicos, sin que todas las responsabilidades hayan sido esclarecidas.
Patty rechazó haber cometido actos de corrupción y aseguró que su encarcelamiento responde a una persecución política.
Desde el penal, afirmó que no aceptó huir del país pese a las sugerencias recibidas y que decidió enfrentar el proceso judicial en Bolivia, a la espera de que se esclarezcan los hechos denunciados hace más de una década.
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