El representante del Transporte Pesado, Marcelo Cruz, expuso la crítica situación que atraviesa su sector debido a las cuantiosas pérdidas y afectaciones derivadas de los bloqueos de carreteras en el país, las cuales se prolongaron por más de 50 días. Ante este panorama, la dirigencia solicitó formalmente al Gobierno nacional el establecimiento de vías de apoyo que permitan agilizar los procesos aduaneros y, de forma prioritaria, evitar la aplicación de multas internacionales por el retraso en la entrega y envío de las mercancías de comercio exterior.

Cruz recordó que los transportistas aceptaron de manera concertada el levantamiento de la subvención a los combustibles, una medida que incrementó significativamente sus costos operativos, bajo la expectativa de que el Ejecutivo respaldaría al sector garantizando las condiciones necesarias para desarrollar sus labores viales. “Del presidente y los ministros del área Económica, Desarrollo Productivo, Obras Públicas, ellos tienen un compromiso con los transportistas pesados que hemos aceptado levantar la subvención. No les pedimos como sector que nos den dádivas, que nos den dinero, no le estamos pidiendo regalado nada, lo único que necesitamos del Estado son condiciones para trabajar, y es de forma urgente, porque todo el problema de los 53 días con hoy día, no los vamos a recuperar en dos semanas”, enfatizó el dirigente.

Con el reinicio paulatino de la transitabilidad tras la aplicación de las medidas gubernamentales, los camiones de carga pesada han comenzado a circular nuevamente por las rutas troncales; sin embargo, ahora se enfrentan a cuellos de botella logísticos y burocráticos. Al respecto, Cruz señaló la necesidad de un abastecimiento oportuno de diésel y demandó que la Aduana Nacional implemente mecanismos ágiles para acelerar los pasos fronterizos. Asimismo, instó al ministro de Relaciones Exteriores a liderar gestiones diplomáticas directas con los gobiernos de Chile y Perú para viabilizar el flujo del comercio exterior, el cual ha dejado severamente perjudicados a importadores, exportadores y transportistas.

La mayor preocupación del sector radica en los temas de orden civil y el resarcimiento de daños, debido a que los choferes que actualmente trasladan la mercadería rezagada hacia sus destinos finales se enfrentan a penalizaciones económicas severas por los días de retraso. “Los camiones están ya circulando hacia la frontera, hacia los puertos, y necesitamos ver principalmente esta resolución ministerial al presidente, le exigimos, necesitamos que agilice, que firme, o que lo que haga falta para poder evitar una multa”, manifestó la representación del transporte pesado.

De acuerdo con los datos estadísticos preliminares recabados por el sector, las multas estipuladas oscilan entre los 6.000 y 8.000 dólares por contenedor. Actualmente, se calcula que existen aproximadamente 10.000 contenedores estancados en los puertos del Pacífico o circulando con retraso dentro del territorio nacional, lo que proyecta una afectación económica de magnitudes millonarias para la cadena logística boliviana.

“A grandes rasgos hemos visto que más o menos 150 millones de dólares solamente en contenedores, exportaciones, importaciones, se está perdiendo, solo en un concepto, imagínese todo lo que son los contratos. Estamos demostrando al Estado que ya se está pagando con documentos, con dinero que se va fuera del país, y que lamentablemente no hay quien regule las líneas navieras”, concluyó Cruz, reiterando la urgencia de una reunión de alto nivel con las autoridades del Estado para frenar la salida de divisas por concepto de penalidades.