La Armada Boliviana ejecutó un operativo contra presuntas actividades de explotación minera ilegal en inmediaciones de los ríos Yani e Ingenio, en el municipio de Sorata, departamento de La Paz. La intervención, realizada el domingo 25 de octubre, dejó un saldo preliminar de 22 personas aprehendidas, además del hallazgo de armas de fuego, municiones y material explosivo.

De acuerdo con el reporte inicial, durante las actuaciones se encontraron ocho armas de fuego, municiones, explosivos y equipamiento táctico. Asimismo, las autoridades informaron sobre la retención de tres vehículos presuntamente relacionados con las actividades investigadas.

El operativo se desarrolló en coordinación con el Ministerio Público y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), con la participación de diferentes unidades de la Armada Boliviana.

Entre las unidades movilizadas estuvieron el Batallón de Comandos Anfibios, la Dirección General de Capitanías de Puerto y el Batallón de Policía Militar Naval Nº 1 “TN. Pérez”, cuyos efectivos brindaron apoyo operativo y seguridad durante la intervención.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, destacó la importancia de proteger los recursos naturales del país mediante acciones coordinadas entre las instituciones competentes y dentro del marco legal.

La autoridad sostuvo que la protección del patrimonio natural requiere actuaciones firmes, coordinación institucional y respeto a las normas vigentes.

Por su parte, la Armada Boliviana informó que las labores de inspección continúan en las instalaciones y depósitos intervenidos, donde se realiza la verificación y el inventario de los bienes encontrados.

Debido a que las actuaciones todavía se encuentran en desarrollo, las autoridades aclararon que las cifras difundidas corresponden a un informe preliminar y que el balance definitivo será comunicado una vez concluidos los procedimientos correspondientes.

La institución militar reiteró su compromiso de continuar apoyando las acciones contra la explotación ilegal de recursos naturales, en coordinación con el Ministerio Público, la AJAM y otras entidades competentes, bajo el respeto a los derechos y garantías constitucionales.