La presidenta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Verónica Prudencio, solicitó este lunes a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) convocar a elecciones judiciales complementarias para completar los cinco cargos acéfalos del TCP y los dos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La autoridad advirtió que intentar cubrir esos espacios mediante mecanismos distintos al voto popular representaría una “injerencia directa” en el máximo tribunal de justicia constitucional.

Prudencio recordó que, según la Constitución Política del Estado, las autoridades judiciales deben ser elegidas por voto popular, por lo que insistió en la necesidad de llevar adelante el proceso electoral para completar el número de magistrados. Expresó además su preocupación por propuestas que, a su criterio, buscan soluciones al margen de lo que establece la norma constitucional.

En paralelo, la Cámara de Diputados programó para esta semana el tratamiento del proyecto de ley 022/2025-2026, denominado “Régimen transitorio para el funcionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional y Tribunal Supremo de Justicia”. Esta iniciativa plantea un funcionamiento excepcional del TCP y del TSJ con los magistrados electos en las elecciones judiciales del 15 de diciembre de 2024, mientras se completa la composición prevista por ley.

Actualmente, el TCP opera con cuatro magistrados electos en 2024, luego de que en noviembre de 2025 concluyera el mandato de magistrados autoprorrogados. Tras esa salida, los magistrados vigentes conformaron sala plena y eligieron a Prudencio como presidenta, pese a observaciones sobre la cantidad mínima requerida para su funcionamiento.

El proyecto de ley establece que, de forma transitoria, la sala plena del TCP funcionará con cuatro magistrados que tomarán decisiones por mayoría simple y organizarán el trabajo en dos salas para garantizar la continuidad del control constitucional. Asimismo, se prevé que la Asamblea Legislativa y el Órgano Electoral inicien y concluyan el proceso de elección de magistrados titulares y suplentes en los departamentos donde aún existen cargos vacantes.

La propuesta busca restituir la institucionalidad y asegurar el funcionamiento regular del TCP y del TSJ hasta que se complete la elección de todas las autoridades judiciales pendientes.