El juez Juan Carlos Peinado ha decidido que el proceso penal continúe contra Begoña Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

La decisión también alcanza a su asesora, María Cristina Álvarez, quien es procesada por los mismos delitos, mientras que el empresario Juan Carlos Barrabés queda incluido en la causa por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, aunque se ha acordado el sobreseimiento del delito de intrusismo profesional.

El magistrado ha otorgado un plazo de cinco días a las partes para que soliciten lo que consideren oportuno respecto a la apertura de juicio oral y presenten sus escritos de conclusiones provisionales.

Asimismo, el juez ha solicitado nuevas diligencias, entre ellas un requerimiento a la empresa Lefebvre-El Derecho S.A. para que entregue facturas vinculadas a servicios prestados en el marco de la cátedra de transformación social competitiva.

De acuerdo con la investigación, la causa se centra en la creación y gestión de dicha cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, así como en la relación de Gómez con proyectos académicos y empresariales vinculados a su entorno profesional. También se investiga la contratación y funciones de su asesora, quien habría trabajado en actividades relacionadas con la Moncloa y la cátedra.

La defensa de los implicados ha solicitado el archivo del caso, argumentando que los hechos no constituyen delito y que no existen pruebas suficientes. En contraste, la acusación sostiene que hubo un entramado de influencias y uso indebido de recursos, mientras que el fiscal ha pedido en etapas previas el archivo, aunque reconoce la existencia de un relato fáctico que debe ser evaluado en juicio.

El proceso judicial continúa ahora a la espera de que las partes se pronuncien sobre la posible apertura de juicio oral.