El proceso judicial por el paro de 36 días realizado en Santa Cruz para exigir la ejecución del Censo quedó suspendido, luego de que la Justicia admitiera un recurso de inconstitucionalidad presentado contra el delito de terrorismo, figura por la que se acusa al gobernador Luis Fernando C. y a otros participantes de las protestas efectuadas en 2022.

Según explicó el abogado Martín C., fue el juez Elmer Laura quien actuó como comisión de admisión y dio curso al recurso, que ahora deberá ser evaluado por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). La decisión constitucional podría anular el juicio si se declara procedente la inconstitucionalidad del tipo penal, lo que alcanzaría a todos los implicados en el caso.

El jurista recordó que el TCP cuenta con 45 días para emitir una resolución; sin embargo, advirtió que ya existe otro recurso pendiente, presentado por el exrector Vicente C., que no ha sido resuelto pese a llevar cerca de un año sin respuesta.

El conflicto que derivó en el proceso judicial tiene su origen en octubre de 2022, cuando Santa Cruz mantuvo un paro indefinido exigiendo que el Censo se realizara en la fecha inicialmente prevista. Tras 36 días de movilizaciones, el Gobierno accedió a adelantar el empadronamiento para 2023, lo que puso fin a las protestas. Posteriormente, una denuncia planteada por Juan Marcelo M., dirigente de la COR de El Alto, involucró a varios líderes cruceños bajo la acusación de terrorismo.