Tras el asesinato del magistrado del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, y la cumbre interinstitucional de emergencia realizada en Santa Cruz, autoridades judiciales, policiales y políticas acordaron reforzar las acciones de seguridad en la capital cruceña para enfrentar hechos vinculados al crimen organizado.

La reunión, desarrollada en instalaciones del Comité Cívico pro Santa Cruz, contó con la participación de representantes del Órgano Judicial, el Gobierno, la Policía, la Fiscalía, autoridades municipales, departamentales y líderes cívicos, quienes coincidieron en la necesidad de asumir una respuesta coordinada frente a la creciente violencia.

Como resultado, desde la noche del sábado se intensificaron operativos de control vehicular en distintos puntos de la ciudad, con participación de unidades policiales como Delta, UTOP y DACI, dentro del denominado Plan de Alto Impacto, orientado a prevenir hechos delictivos y recuperar espacios públicos.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, señaló que la situación exige acciones firmes y coordinadas para enfrentar estructuras criminales. La gravedad del momento quedó reflejada en el ambiente de preocupación institucional tras el crimen que cobró la vida del magistrado Claure, quien fue interceptado por sujetos armados cuando circulaba por la avenida Busch de Santa Cruz.

El presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Ismael Quezada, expresó consternación por lo sucedido y remarcó que el hecho afecta profundamente a la institucionalidad judicial.

Desde la Asamblea Legislativa Departamental, su presidenta María René Álvarez exigió respuestas inmediatas, mayor presencia policial, fortalecimiento de inteligencia y ajustes normativos para hacer frente al avance del crimen organizado.

Sin embargo, junto al despliegue de seguridad, surgieron cuestionamientos al funcionamiento interno del sistema judicial. El senador Leonardo Roca afirmó que Bolivia enfrenta un problema estructural al que calificó como “sicariato judicial”, señalando presuntas prácticas de corrupción y favorecimiento dentro de juzgados y tribunales.

En la misma línea, la periodista y exdiputada María Cristina Viscarra cuestionó la falta de transparencia en la administración de justicia y planteó la necesidad de auditorías, procesos de depuración y reformas estructurales.

El debate abierto tras este hecho pone sobre la mesa no solo la necesidad de esclarecer el asesinato del magistrado, sino también de avanzar en reformas profundas que fortalezcan la institucionalidad judicial y devuelvan confianza a la ciudadanía.