La renta petrolera de Bolivia sufrió un desplome del 42% hasta septiembre de 2025, alcanzando $us 760 millones frente a $us 1.310 millones en el mismo periodo de 2024, según YPFB. Esta disminución impacta directamente al Tesoro General de la Nación, gobernaciones, municipios y universidades, reduciendo los recursos disponibles para programas de salud, educación y desarrollo productivo.

El informe de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos indica que los ingresos por hidrocarburos alcanzaron su punto más alto en 2022 con $us 2.657 millones, pero desde entonces han caído progresivamente, proyectando para fines de 2025 apenas $us 1.502 millones. La baja se atribuye a la falta de exploración en gestiones anteriores y a la caída de precios internacionales.

Los recursos provenientes de impuestos directos a hidrocarburos, regalías y participación del TGN son fundamentales para financiar políticas públicas y el desarrollo local. La reducción de la renta afecta a sectores esenciales y limita la capacidad del Estado para sostener proyectos sociales y productivos.

YPFB proyecta que para octubre de 2025 los ingresos apenas llegarán a $us 123 millones, lo que evidencia un escenario de alerta para la economía nacional y la planificación financiera de municipios y universidades.

El Gobierno deberá evaluar medidas de mitigación y planificación estratégica para asegurar la continuidad de los programas sociales ante la caída de los ingresos petroleros.