El rechazo a la posible anulación de la Ley 1720 de Reconversión de Tierras ha escalado a nivel nacional. En las últimas horas, una coalición de cámaras de exportadores, empresarios, el sector transporte y comités multisectoriales emitieron pronunciamientos conjuntos advirtiendo que la abrogación de esta norma generará una crisis de incertidumbre y frenará en seco la inversión en el campo boliviano.

Las instituciones coinciden en que la Ley 1720 es un instrumento vital para la seguridad jurídica, ya que permite a los pequeños productores escalar su producción y acceder a créditos bancarios. Su eliminación, aseguran, condenaría a miles de familias campesinas a la informalidad y al estancamiento económico.

Impacto por sectores:

Exportadores (CANEB y CADEX): Señalaron que esta ley es fundamental para el ingreso de divisas. Al limitar el crecimiento de los pequeños productores, se golpea directamente la exportación de productos no tradicionales, esenciales para paliar la actual crisis de dólares.

Empresarios Privados (FEPSC): Denunciaron que la intención de abrogar la norma responde a "presiones externas" que atentan contra la soberanía productiva, afectando la estabilidad que el país requiere para generar empleo.

Sector Transporte: La Cámara de Transporte del Oriente se declaró en Estado de Emergencia Inmediato. Argumentan que, sin seguridad sobre la tierra, la producción agrícola caerá drásticamente, lo que reducirá la demanda de fletes y agravará la recesión que ya sufre el sector por la escasez de diésel.

Comité Multisectorial: Exigieron frenar cualquier medida que vulnere la propiedad y propusieron instalar mesas técnicas de diálogo entre productores e indígenas para perfeccionar la norma en lugar de eliminarla.

Con este frente común, los sectores productivos se suman a la postura de la CAO, Anapo y Fegasacruz, lanzando una advertencia clara al Gobierno: Bolivia no puede permitirse medidas que incrementen la inseguridad jurídica en un momento de fragilidad económica.