La empresa Shell notificó al Gobierno de Bolivia y a la Procuraduría el inicio de una “disputa” en busca de una compensación por lo que considera “pérdidas de cientos de millones de dólares”, derivadas de presuntos incumplimientos del Estado boliviano en el marco de un tratado de protección de inversiones.

El documento, con fecha del 5 de agosto, denuncia al menos seis incumplimientos, entre ellos la venta de más de 6.000 barriles de crudo propiedad de la compañía, retrasos en pagos millonarios y la anulación de un laudo arbitral favorable contra YPFB. Shell sostiene que Bolivia violó derechos amparados en el derecho internacional y exige reparación integral.

La compañía manifestó su intención de alcanzar un acuerdo amistoso y pidió que cesen las acciones contra sus funcionarios mientras duren las negociaciones. Advirtió que, si en seis meses no se llega a una solución, recurrirá a un arbitraje internacional.

La ministra de Justicia, Silvia Saravia, confirmó la notificación y señaló que el Estado está tomando recaudos mediante la Procuraduría. “Un contrato implica obligaciones para ambas partes. También la empresa tiene compromisos que cumplir”, enfatizó.