El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió la acción de inconstitucionalidad abstracta presentada por los diputados Basilia Cruz y Rolando Pacheco, de la bancada de Alianza Popular, contra varios artículos de la Ley 1740, que regula el Estado de excepción en Bolivia.

La decisión fue asumida mediante el Auto Constitucional 0314/2026, que da curso al análisis de las disposiciones cuestionadas por los legisladores, quienes sostienen que algunos artículos de la norma podrían vulnerar derechos y garantías establecidos en la Constitución Política del Estado y en tratados internacionales.

La acción de inconstitucionalidad fue presentada contra los artículos 5, incisos f) e i); 6, incisos e) y f); además de los artículos 18, 25 y 26 de la Ley 1740. Según el TCP, estos preceptos contienen disposiciones que, de acuerdo con los accionantes, podrían afectar principios como la presunción de inocencia, la igualdad ante la ley y el control judicial sobre actuaciones realizadas durante un Estado de excepción.

De acuerdo con el Auto Constitucional 0314/2026, los diputados argumentaron que la Ley 1740 fue aprobada en un contexto de bloqueos prolongados de carreteras y de conmoción interna. Sin embargo, señalaron que esa situación no justifica la incorporación de disposiciones que favorezcan a la fuerza pública o permitan privaciones de libertad sin control judicial.

Entre los aspectos observados se encuentra el artículo 5, inciso f), que presume como legítimos los actos de la administración pública mientras no sean declarados contrarios a la ley, así como el inciso i), referido a la presunción sobre las decisiones y actuaciones de la administración pública.

Actualmente, en Bolivia se encuentra vigente un Estado de excepción impulsado por el Gobierno con el objetivo de restablecer el tránsito en las carreteras del país, tras los 53 días de bloqueos realizados por diferentes sectores que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz, entre ellos la COB, el evismo y la Federación Túpac Katari de La Paz.

Con la admisión de la acción, el TCP dispuso poner el proceso en conocimiento del presidente de la Asamblea Legislativa, Edmand Lara, en representación del órgano que aprobó la norma impugnada, para que en un plazo de 15 días se apersone y presente los alegatos que considere pertinentes.