El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró una emergencia nacional al considerar que el Gobierno de Cuba representa una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior estadounidense. La decisión fue formalizada mediante una orden ejecutiva publicada por la Casa Blanca, que introduce nuevas medidas económicas, entre ellas la aplicación de aranceles adicionales a países que suministren petróleo a la isla.

De acuerdo con el documento oficial, la administración estadounidense sostiene que Cuba ha fortalecido sus vínculos con países considerados adversarios de Washington, como Rusia, China e Irán, además de brindar respaldo a grupos terroristas transnacionales como Hamas y Hezbollah. El texto señala que el régimen cubano se alinea con actores hostiles a los intereses de Estados Unidos y contribuye a la desestabilización del hemisferio occidental.

La orden ejecutiva advierte que Cuba alberga la mayor base de inteligencia de señales de Rusia fuera de su territorio, utilizada para interceptar información sensible y realizar labores de espionaje contra Estados Unidos. Este contexto, sumado a la actual escasez de combustible en la isla, le otorga un carácter especial a la medida, según la Casa Blanca.

Aunque Estados Unidos ha declarado emergencias nacionales relacionadas con Cuba en el pasado, la administración Trump remarca que la coyuntura actual refuerza la gravedad de la situación. La base legal de estas medidas se remonta a 1996, tras el derribo de dos aeronaves civiles estadounidenses, y desde entonces ha sido renovada por distintos gobiernos. En enero de 2025, Trump reincorporó a Cuba en la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo.

El documento también acusa al régimen cubano de profundizar su cooperación militar y de inteligencia con la República Popular China, facilitando el establecimiento de capacidades estratégicas extranjeras que representan una amenaza directa para Estados Unidos. Asimismo, denuncia violaciones a los derechos humanos, incluyendo persecución política, censura, restricciones a la libertad de prensa y represalias contra familiares de presos políticos.

Como parte central de la orden, se instruye la creación de un sistema de aranceles ad valorem sobre bienes provenientes de países que suministren directa o indirectamente petróleo a Cuba. El Departamento de Comercio será el encargado de identificar a los países involucrados, mientras que el Departamento de Estado evaluará la aplicación de las tarifas correspondientes.

La Casa Blanca señaló que estas medidas podrán ser ajustadas o eliminadas si se registran cambios significativos en la conducta del régimen cubano o de los países implicados, o en función de recomendaciones de altos funcionarios. No obstante, la administración Trump dejó claro que mantendrá una política de presión máxima contra el Gobierno de Miguel Díaz-Canel.

“La situación con respecto a Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”, concluye la orden ejecutiva, reafirmando el respaldo a las aspiraciones democráticas del pueblo cubano.