Este 26 de junio se cumple un año de la inesperada irrupción militar en Plaza Murillo, encabezada por el entonces comandante general del Ejército, Juan José Zúñiga. El hecho generó conmoción nacional y abrió un debate profundo sobre el rol de las Fuerzas Armadas en la democracia boliviana.

Aquel miércoles de 2024, tropas armadas descendieron sin previo aviso a la plaza central del poder político boliviano. Mientras algunos interpretaron el suceso como una medida de presión, sectores críticos lo calificaron como un intento de golpe de Estado.

Desde entonces, actores políticos de diferentes corrientes han exigido una investigación seria y transparente. La oposición ha denunciado un presunto uso político de los militares por parte del Gobierno, mientras el oficialismo afirma que la situación fue controlada sin mayores consecuencias, reafirmando su posición de mantener a las Fuerzas Armadas al margen de disputas partidarias.

A un año del operativo, el país aún no cuenta con un informe oficial que aclare las responsabilidades. Entre los principales detenidos se encuentran Juan José Zúñiga y altos mandos de la Armada y el Ejército, quienes enfrentan cargos por alzamiento armado y atentado contra la seguridad del Estado. Todos guardan detención preventiva en distintos penales del país.

La defensa de Zúñiga ha afirmado que el operativo fue realizado con conocimiento del Ejecutivo, alimentando teorías sobre un presunto autoatentado. Hasta hoy, las versiones siguen siendo contradictorias y el caso continúa sin resolverse por completo.