El Gobierno nacional, a través del vocero presidencial José Luis Gálvez, anunció que se presentarán denuncias penales contra los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) responsables de la toma violenta del Ministerio de Trabajo ocurrida este miércoles. Gálvez fue enfático al calificar las acciones como un “sicariato sindical” y advirtió que no se permitirá que sectores sociales se sitúen por encima de la ley.

“No puede haber un sicariato sindical que tome ministerios, que secuestre a los funcionarios y que esto sea normal. Ante esto vamos a tener una respuesta firme”, declaró el vocero, confirmando que el Ministerio de Trabajo ya alista los procesos por la presunta comisión de delitos en instalaciones públicas. Asimismo, informó que el presidente Rodrigo Paz expresó su total respaldo y solidaridad al ministro Edgar Morales, quien se encontraba dentro del edificio al momento de la irrupción.

Intervención y arrestos La toma fue desactivada cerca de las 15:00 mediante un operativo policial que empleó agentes químicos para desalojar las oficinas. Como resultado de la intervención, al menos 13 dirigentes cobistas fueron arrestados y trasladados en camionetas policiales hacia dependencias judiciales. El vocero lamentó que la dirigencia de la COB haya optado por la "intransigencia" y la violencia en lugar de los canales de diálogo establecidos.

Postura gubernamental Gálvez aclaró que, aunque el Gobierno respeta el derecho a la protesta, las acciones que derivaron en el secuestro simbólico de funcionarios y daños a la propiedad estatal serán procesadas conforme a derecho. "Nosotros estamos denunciando, no estamos sentenciando; será la justicia la que determine las responsabilidades", puntualizó. Mientras tanto, el resguardo policial en el Ministerio de Trabajo y en los accesos a la Plaza Murillo ha sido reforzado para evitar nuevos incidentes.