Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) detectó inicialmente unas 630 cuentas de acceso al sistema que presentaban irregularidades y determinó dar de baja de inmediato 60 de estos accesos, informó el asesor de Presidencia de la estatal petrolera, Sergio Hinojosa.

El hallazgo se conoció este lunes durante una visita del Comité Pro Santa Cruz a la nueva sala de monitoreo de YPFB, habilitada en menos de 24 horas para fiscalizar la distribución de combustibles hacia las estaciones de servicio del departamento.

El vicepresidente cívico, Agustín Zambrana, anunció que el Comité Pro Santa Cruz se sumará al control de los despachos de combustibles en Santa Cruz y acompañará las labores de la comisión interministerial para seguir la ruta del combustible y detectar posibles filtraciones.

“Hoy valoramos que se haya hecho una intervención, porque obliga a que estemos encima y empecemos a ver realmente por dónde están las filtraciones de robo”, afirmó Zambrana. Asimismo, informó que se involucró a la Contraloría General del Estado y pidió celeridad a las autoridades.

Por su parte, Hinojosa explicó que el diagnóstico inicial identificó alrededor de 630 cuentas que no tenían una persona asociada o que no debían permanecer activas. De ese total, 60 accesos fueron cortados de inmediato.

Entre las primeras anomalías detectadas también se encontró un desfase entre el combustible registrado como disponible y el que realmente estaba habilitado para despacho. Según explicó Hinojosa, esta situación generaba cupos “rezagados” que tenían prioridad frente a las estaciones que atendían filas.

“Todo eso ya ha sido paralizado y se está dando prioridad a un operativo para eliminar las filas”, indicó.

El asesor de Presidencia de YPFB agregó que algunas cuentas activas tenían la posibilidad de modificar parámetros y registros anteriores. Ante esta situación, aseguró que los sistemas fueron cerrados y que se iniciaron auditorías informáticas para determinar el grado y la amplitud de la manipulación.

El monitoreo abarca las 180 estaciones de servicio de Santa Cruz y cuenta con el apoyo de unos 60 funcionarios de YPFB, debido a la falta de personal suficiente de la ANH para realizar la fiscalización en campo.

YPFB también trabaja con la Asociación de Surtidores de Santa Cruz (Asosur) y prevé transparentar información relacionada con los despachos, incluidas las placas de las cisternas, con el objetivo de reforzar el control social.

La visita del Comité Pro Santa Cruz se realizó después de una denuncia presentada por Zambrana en la localidad de Cabezas, donde reportó presuntas irregularidades en una estación de YPFB y el supuesto ocultamiento de al menos 3.000 litros de gasolina para su reventa en el mercado paralelo.

Tras esa denuncia, la ANH realizó un operativo en el lugar y, luego de revisar los sistemas de comercialización, cámaras y documentación, anunció que iniciará los procedimientos establecidos por norma.