El Gobierno puso en marcha el plan Frontera Segura 2.0 con el despliegue de 230 policías en Santa Cruz de la Sierra, además del compromiso de enviar nuevos contingentes cada 45 días. Sin embargo, la Gobernación demandó al menos 5.000 efectivos adicionales, mayor presupuesto, equipamiento y atribuciones para participar en las decisiones sobre seguridad ciudadana, ante el incremento de los hechos violentos en la región.

Durante la presentación del plan en la plaza 24 de Septiembre, la gobernadora en ejercicio, Paola Aguirre, afirmó que Santa Cruz necesita más personal policial para responder a la demanda de seguridad. Según sus datos, en seis meses se registraron cerca de 13.000 denuncias por delitos graves, un promedio superior a 70 por día.

Aguirre sostuvo que el departamento tiene casi cuatro millones de habitantes y reclamó una mayor asignación de efectivos. También cuestionó que la participación de la Gobernación en seguridad ciudadana se limite, según afirmó, a cubrir gastos de combustible para las patrullas. En ese sentido, planteó devolver al gobernador la tuición del mando policial y ampliar las competencias regionales.

El comandante general de la Policía, Adrián Álvarez, respondió que la cifra de efectivos mencionada por Aguirre era incorrecta, aunque no proporcionó el número oficial de policías destinados al departamento. No obstante, aseguró que los 230 agentes incorporados permitirán reforzar la presencia policial y mejorar los niveles de seguridad.

El secretario departamental de Seguridad Ciudadana, Jorge Santistevan, explicó que 100 de los nuevos efectivos estarán destinados a tareas de seguridad ciudadana y los otros 130 a combatir el crimen organizado. Álvarez anunció además que se enviarán nuevos contingentes de manera permanente cada 45 días, aunque no precisó cuántos policías integrarán cada grupo.

Refuerzo contra el crimen organizado

El plan contempla acciones de presencia estatal y control territorial en Santa Cruz, Beni y Pando, en coordinación con las Fuerzas Armadas. Su presentación coincidió con la clausura de un curso especializado en redes criminales internacionales y narcoterrorismo.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, reconoció que existen limitaciones de personal policial y señaló que el incremento de efectivos depende de los recursos presupuestarios disponibles. También anunció gestiones con la cooperación estadounidense para establecer unidades policiales de élite en poblaciones de Santa Cruz y Beni.

El lanzamiento se produce en un contexto de preocupación por varios hechos violentos registrados en el departamento. Entre ellos figuran el asesinato de dos ciudadanos brasileños en una vivienda de Valle Sánchez, en Warnes, y el hallazgo de otro cadáver en La Guardia. También se recordó el asalto a una joyería de un centro comercial, ocurrido el 11 de octubre, cuando hombres armados dispararon y huyeron en motocicletas con piezas robadas.

Oviedo afirmó que su gestión expulsó a integrantes extranjeros de redes criminales y desarticuló una estructura dentro del Ministerio Público. Asimismo, advirtió que se continuará actuando contra las organizaciones delictivas y contra quienes pudieran encubrirlas.

Alcaldía compromete recursos

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel “Mamen” Saavedra, comprometió recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para apoyar las acciones de seguridad. La autoridad señaló que los policías necesitan equipamiento y condiciones adecuadas para cumplir sus funciones.

Saavedra también pidió atender los robos cotidianos y destacó los operativos realizados en los denominados “cachis”.

Por su parte, el secretario de la Asamblea Departamental, Luis Alberto Ruiz, había solicitado incorporar más agentes especializados en inteligencia, reforzar los controles a motocicletas sin placas y habilitar canales de denuncia frente al sicariato y otros delitos.

Mientras el Gobierno sostiene que el plan permitirá fortalecer la presencia policial en la región, la Gobernación insiste en que se necesitan más efectivos, recursos y capacidad de decisión para responder a la situación de inseguridad.