Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que, hasta este jueves, el proceso de resarcimiento por la gasolina desestabilizada ha alcanzado a 6.352 vehículos a nivel nacional. Según el reporte oficial, la estatal petrolera ya ha desembolsado más de Bs 11,9 millones en total, cumpliendo de manera progresiva con los compromisos asumidos tras las afectaciones mecánicas reportadas por diversos sectores del transporte.

Del universo de beneficiarios, se destaca la cobertura prioritaria al sector de las motocicletas, con 2.308 unidades compensadas, de las cuales 1.605 pertenecen a federaciones y sindicatos. En términos financieros, solo el rubro de mototaxis ha recibido más de Bs 1,7 millones. Este avance ha sido posible gracias a un modelo operativo mixto que combina la validación digital mediante el sistema SREC (vía WhatsApp al 72150600) y la revisión manual de carpetas físicas para casos especiales gestionados por asociaciones.

Modalidades de pago y procesos administrativos Para garantizar la transparencia y seguridad en las transferencias, YPFB ha implementado un sistema que prioriza el uso de códigos QR para abonos directos en cuenta. No obstante, la estatal aclaró que existe un plazo operativo de hasta siete días para que el dinero se acredite efectivamente, dependiendo de los ciclos de conciliación bancaria. Para quienes no cuentan con cuentas digitales, se mantiene habilitado el cobro por ventanilla en cualquier sucursal del Banco Unión.

Avances regionales y acuerdos Santa Cruz: En el municipio de El Torno, se logró destrabar trámites administrativos pendientes, lo que permitirá el pago inmediato a 76 mototaxistas que ya cuentan con sus expedientes listos.

La Paz: El proceso de revisión de expedientes físicos muestra avances significativos, integrando documentación de diversas provincias.

Logística: YPFB ha reforzado los puntos de orientación y acopio de documentos en coordinación con los sindicatos para agilizar la validación técnica junto a la aseguradora Unibienes.

La estatal petrolera reiteró que el proceso continúa en ejecución y que los resultados actuales reflejan un esfuerzo técnico para reducir la conflictividad social y dar una respuesta efectiva a los propietarios afectados por el carburante defectuoso.