Un acta interna del Fondo Indígena, fechada el 23 de noviembre de 2009, evidencia que Luis Arce, entonces ministro de Economía, reconoció que la Ley Financial no permitía transferencias de recursos públicos a cuentas privadas, tal como exigían organizaciones del Pacto de Unidad vinculadas al MAS.

Según el acta de la reunión de directorio realizada en Tarija, cuando el Fondo recién comenzaba operaciones, surgieron dudas sobre si la normativa permitía depositar recursos estatales en cuentas de representantes sociales. Ramiro Burgos preguntó si existía respaldo legal para las transferencias público-privadas. Sandra Paredes, miembro del Fondo en ese momento, respondió que la figura no estaba permitida en 2009 y que el reglamento aún estaba en elaboración. Arce admitió la limitación legal, aunque sugirió continuar con la elaboración de proyectos mientras se esperaba la aprobación de la Ley Financiera de 2010.

El exfiscal Saravia confirmó que el acta forma parte de los indicios recolectados y detalló que también se registraron aprobaciones de compras de bienes, pese a que el Fondo solo podía financiar proyectos productivos o agrícolas para comunidades campesinas, no la adquisición de casas o vehículos para dirigentes.

En el marco de este caso, la Fiscalía emitió una orden de aprehensión contra Arce, quien se acogió al silencio ante los indicios que lo vinculan con la presunta autorización de transferencias irregulares a cuentas privadas. La investigación apunta a los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, con un daño económico preliminar estimado en Bs 925 millones.

El economista Germán Molina señaló que las operaciones de este tipo debían estar reguladas por una ley específica, distinta a la Ley Presupuestaria anual, y que los proyectos del Fondo Indígena eran plurianuales, por lo que no contaban con respaldo normativo para transferir dinero a cuentas particulares.