El Estado boliviano ha recibido un fallo adverso e inapelable en el ámbito internacional. El Tribunal Supremo de los Países Bajos rechazó el recurso de casación presentado por Bolivia, ratificando la sentencia de 2022 del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Con esta decisión, Bolivia está obligada a pagar una indemnización de 105 millones de dólares al banco español BBVA.

El conflicto legal, que se extendió por varios años, no se centró en la nacionalización del sistema de pensiones decretada en 2010 por el gobierno de Evo Morales, sino en la deficiente implementación del traspaso. El BBVA, que administraba los aportes a través de AFP Previsión, denunció que el proceso hacia la Gestora Pública fue "caótico", sufriendo demoras injustificadas, perjuicios económicos e incluso hostigamiento durante la transición.

Cronología del revés judicial 2010: El Gobierno nacionaliza la administración de pensiones para pasar del control privado a la estatal Gestora Pública.

2018: BBVA inicia el arbitraje ante el Ciadi alegando inseguridad jurídica y daños operativos por la demora en la transferencia.

2022: El Ciadi dicta el laudo arbitral ordenando a Bolivia el pago de $us 105 millones.

2024: Tras intentar anular el laudo en tribunales de La Haya sin éxito, Bolivia recurre al Tribunal Supremo de los Países Bajos, instancia que ahora ha sellado el veredicto definitivo.

2023: Recién en mayo de ese año, la Gestora Pública asumió el control total de los fondos, trece años después del anuncio original.

Con este fallo, se agota la última instancia legal disponible para el Estado boliviano, que además de la indemnización millonaria, deberá cubrir los costos procesales del litigio internacional.