Una vez que el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 entró en vigencia a través de la Ley 1613 sin haber pasado por el filtro de la Asamblea Legislativa y sin haber tomado en cuenta los reclamos del aparato productivo, vuelven a asomar las voces de rechazo en torno a la disposición adicional séptima de la normativa.

La disposición establece que las entidades competentes podrán activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos.

Además señala que todo actor de la cadena productiva de alimentos esenciales, debe declarar, información de producción, transformación y comercialización, conforme a la reglamentación aprobada por Resolución Biministerial emitida por los Ministerios de Desarrollo Rural y Tierras y de Desarrollo Productivo y Economía Plural.

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), José Luis Farah, señaló que esta disposición atenta contra el sector productivo y al sector privado en general, ya que da vía libre para que se intervengan unidades productivas.

“Esto lo que genera es más bien la especulación, lo que genera es incertidumbre y no da una tranquilidad que es lo que necesita el productor y el boliviano en tratar de ver cómo reacondiciona su trabajo, cómo reactiva su producción, cómo ve si puede invertir nuevamente para seguir produciendo más alimentos en el caso del sector productivo”, sostuvo Farah.

A su turno, el ejecutivo de los gremiales cruceños, Edgar Álvarez, manifestó que el sector ya viene expresando su rechazo a la disposición adicional séptima del PGE y adelantó que en los próximos días -posiblemente el 8 de enero- se llevará adelante un ampliado nacional para enfilar medidas a seguir, para posteriormente reunirse con otras esferas del aparato productivo y activar movilizaciones.

Mientras que la dirigencia de los gremiales de la ciudad de El Alto anunció que van a movilizarse el lunes 13 de enero contra la disposición, tras conocerse que ya ingresó en vigencia sin modificaciones.

“Nos preocupa mucho que el Gobierno quiera quitar nuestra mercadería ya que nuestros compañeros pueden ser interceptados y pueden quitarnos la mercadería. Les dijimos al Gobierno que si eso iban a meter en el presupuesto, automáticamente los gremiales vamos a estar en las calles”, dijo el dirigente alteño Toño Siñani.