Diversos sectores productivos de Bolivia han exigido al Tribunal Constitucional Plurinacional que emita un fallo que otorgue seguridad jurídica al pueblo boliviano. Este pedido surge a raíz de varias normativas que han afectado directamente a los trabajadores informales y gremialistas del país. En años anteriores, se lograron importantes victorias, como la abrogación de la Ley 13.386 en 2012, que fue impulsada por la unidad de los cuentapropistas y gremialistas. Además, en 2013, se derogó el artículo 11 de la Ley 249, que promovía el decomiso de bienes a los trabajadores informales. En 2024, también se retiró el proyecto de Ley 145, que perjudicaba a los trabajadores por cuenta propia, permitiendo decomisos arbitrarios.

A lo largo de los años, las luchas contra proyectos de ley que afectaban la economía de los cuentapropistas han sido una constante. En 2023, se logró frenar el proyecto de ley 280, que, bajo el pretexto de combatir las ganancias ilícitas, perjudicaba directamente a los productores y transportistas del país. También se ha logrado retroceder la implementación de la facturación electrónica, que desde 2019 se consideró una posible fuente de multas para los trabajadores formales e informales.

Asimismo, se destacó que el Decreto Supremo 5143, que pretendía que el Ejecutivo manejara todos los derechos reales, también fue retirado de la agenda por parte de los parlamentarios. Frente a estos antecedentes, los sectores productivos y gremialistas exigen al gobierno nacional certezas en varios aspectos cruciales, tales como el abastecimiento de combustible, la producción con insumos y tecnología adecuados, y un sistema financiero libre de restricciones que castigue a los trabajadores, tanto formales como informales.