La Corporación Minera de Bolivia (Comibol), a través de su Gerencia Regional en Potosí, solicitó formalmente a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) un informe detallado sobre el estado de los trámites de nuevas áreas mineras. El requerimiento está dirigido a la directora departamental de la AJAM, Mireya Torrez Bedoya, y se enmarca en la Sentencia Constitucional 1062/2022, que ordena la migración de las operaciones mineras fuera de la cota 4.400 del Cerro Rico. El objetivo es conocer el número de contratos administrativos mineros en trámite o concluidos para poder facilitar el traslado de las cooperativas afectadas.

El gerente regional de Comibol, Iván Fuertes, explicó que este requerimiento se basa en la Resolución Ministerial 105/2022 del Ministerio de Minería, que dispone la reubicación progresiva y concertada de las actividades mineras para preservar la estabilidad geológica del Cerro Rico, considerado símbolo histórico y patrimonio nacional. Comibol ha estado impulsando un plan gradual e irreversible de cierre desde 2022, logrando inhabilitar 38 bocaminas hasta la fecha, de un total de 56, con la meta de alcanzar 41 cierres para diciembre del año en curso.

Comibol recordó que, si bien el proceso ha implicado la asignación de nuevas áreas a distintas cooperativas para continuar sus operaciones, muchas de ellas han reportado serias dificultades para iniciar trabajos en los nuevos yacimientos. Entre los obstáculos mencionados figuran la falta de prospección y exploración de las zonas otorgadas, los altos costos de inversión inicial requeridos, la lejanía de las nuevas áreas respecto a la capital departamental, y los conflictos con comunidades locales por el ingreso a los nuevos territorios.

La solicitud enviada por Comibol reitera su compromiso de cumplir el mandato constitucional de preservar el Cerro Rico de Potosí, y busca información precisa para resolver las quejas de las cooperativas, que reclaman que las áreas otorgadas "no se encuentran prospectadas" y enfrentan "resistencia social" para ingresar a las comunidades. El informe de la AJAM es crucial para agilizar los trámites pendientes y asegurar la continuidad laboral de los mineros a través de una migración efectiva y menos conflictiva.