El ministro de Minería y Metalurgia, Alejandro Santos, reportó este miércoles una significativa caída de al menos el 20% en la producción minera del país como consecuencia directa de la persistente falta de combustibles. Tras el último gabinete ministerial, la autoridad reconoció que, aunque lo considera un "pequeño porcentaje" de afectación, la reducción en la producción es una realidad que no se puede "tapar". Pese a la crisis de carburantes, el Ministro aseguró que tanto las empresas como las cooperativas del sector siguen trabajando para mantener sus operaciones.

La escasez de diésel ha golpeado duramente a la minería, al igual que a los sectores productivos y al transporte pesado, que dependen del carburante para operar maquinaria y logística. A principios del mes pasado, la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman) ya había denunciado la gravedad de la situación, indicando que al menos 40 organizaciones se vieron obligadas a paralizar completamente sus operaciones debido a la falta de diésel en municipios alejados.

Para mitigar el desabastecimiento, muchas empresas mineras han optado por comprar su propio combustible a precio internacional, en un intento por asegurar la continuidad de sus labores. Sin embargo, incluso esta medida de emergencia no ha garantizado plenamente el suministro necesario para cumplir con sus cuotas de producción, lo que evidencia la profundidad de la crisis logística. El ministro Santos, aunque optimista, confirmó que esta problemática es el principal factor detrás de la disminución reportada en la producción metalúrgica y aurífera.

A lo largo de su gestión, el Gobierno de Luis Arce atribuyó en múltiples ocasiones la falta de combustibles a la escasez de dólares para financiar las importaciones necesarias, señalando un supuesto "bloqueo" de créditos externos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). La minería, uno de los pilares de las exportaciones bolivianas, es un sector estratégico cuya merma productiva tiene un impacto directo en la economía nacional y la generación de divisas, representando un desafío crítico para la administración entrante.