El despido de una funcionaria embarazada por parte de la concejal Wilma Alanoca, del Movimiento Al Socialismo (MAS), generó una fuerte denuncia pública y legal por vulneración de derechos. La vocera municipal, Beatriz Zegarrundo, reveló en conferencia de prensa que la concejal fue denunciada ante el Ministerio de Trabajo y la Defensoría del Pueblo luego de que obligara a la trabajadora a firmar su renuncia irrevocable, sin considerar que se encontraba en su quinto mes de embarazo.

Según los documentos presentados por la Alcaldía, la afectada había solicitado el 30 de enero su licencia de lactancia ante Talento Humano, cumpliendo con los requisitos legales. Sin embargo, pocos días después, el 3 de febrero de 2025, Alanoca le pidió que firmara su renuncia bajo presión. La trabajadora formalizó la denuncia el 4 de febrero ante las instancias correspondientes.

Zegarrundo citó normas legales como la Constitución Política del Estado (CPE), que protege los derechos laborales de las mujeres gestantes, y el Código Penal, que tipifica como delito la discriminación y cualquier acción que afecte el bienestar de una madre en periodo de gestación.

La alcaldesa Eva Copa intervino de inmediato para garantizar la restitución de la funcionaria en su cargo. Sin embargo, con el objetivo de protegerla de posibles represalias, la trabajadora fue reubicada en otra área laboral distinta a la que desempeñaba bajo la supervisión de Alanoca.

“Gracias a la voluntad de nuestra alcaldesa y el respaldo de las leyes vigentes, hemos repuesto sus derechos y velado por la seguridad de la gestante y su bebé. No se permitirá que estos actos queden impunes”, subrayó Zegarrundo.

La Alcaldía solicitó a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio de Trabajo que agilicen las investigaciones sobre este caso. Además, Zegarrundo pidió a la población mantenerse alerta y denunciar cualquier acto que atente contra los derechos laborales y sociales.

“No podemos permitir que existan autoridades que vulneren derechos fundamentales. Este caso debe esclarecerse rápidamente y establecerse responsabilidades para evitar futuros abusos”, finalizó la vocera.