El Estado boliviano se prepara para regular las aplicaciones digitales de transporte de pasajeros (ATP) con la implementación del Decreto Supremo 5199.

Este nuevo decreto establece que tanto las empresas que operan estas aplicaciones como sus conductores deberán cumplir una serie de requisitos para operar en el país.

Según diversas fuentes, estas medidas aumentarán la recaudación estatal a través de impuestos y otros pagos, pero también elevarán los costos de uso de estos servicios.

El decreto, impulsado por el gobierno de Luis Arce en respuesta a la presión del sector del transporte sindicalizado, establece seis requisitos para las empresas de ATP y cuatro para sus conductores.

Entre ellos se incluyen la obtención del Número de Identificación Tributaria (NIT), el registro de comercio, tarjetas de conductor y certificados de antecedentes.

Estos requisitos tienen costos asociados y permiten un mayor control del Servicio Nacional de Impuestos (SIN) sobre la recaudación de tributos.

El objetivo, según representantes del sector de transporte sindicalizado, es igualar los costos de los pasajes para evitar lo que consideran una competencia desleal.

Santiago Laserna, investigador en economía digital, señaló que esta medida del gobierno responde a la presión de los choferes sindicalizados y a la necesidad de generar ingresos para el gasto público.

Según Laserna, los nuevos requisitos podrían desincentivar a empresas como InDriver, Uber, Yango, y Chukuta Móvil, ya que enfrentarán un "golpe duro" que podría hacer menos atractiva su operación en el país.

Además, Laserna advirtió que estas regulaciones podrían resultar en un aumento de las tarifas, afectando tanto a usuarios como a conductores.

Por otro lado, Fabián Espinoza, abogado y vicepresidente de la Academia Boliviana del Derecho Informático, considera que el nuevo decreto es equilibrado y necesario.

Espinoza sostiene que las nuevas regulaciones buscan nivelar la competencia y asegurar que las empresas de aplicaciones también contribuyan fiscalmente, al igual que los taxis y radiotaxis regulados.

Las empresas de aplicaciones de transporte han tenido reacciones mixtas ante estas nuevas regulaciones. InDriver, por ejemplo, aclaró que su servicio no es una aplicación de transporte, sino un "enlace" que facilita la negociación directa entre usuario y conductor, sin fijación de tarifas por algoritmos. Hasta el momento, otras empresas como Uber, Yango y Chukuta Móvil no han emitido comentarios.

Limbert Tancara, dirigente del transporte libre de La Paz, afirmó que el DS 5199 fue acordado con asociaciones de taxis y radiotaxis en todo el país, argumentando que estas aplicaciones generan una "competencia desleal" al reducir tarifas que deberían ser fijadas por los gobiernos municipales.

Tancara enfatizó que las apps de transporte deberían estar sujetas a las mismas regulaciones y obligaciones tributarias que los servicios de taxis convencionales.

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) y el Ministerio de Gobierno tienen un plazo de 60 y 30 días, respectivamente, desde el 14 de agosto, para emitir los reglamentos necesarios que hagan efectiva la implementación del decreto.