Los Decretos Supremos 5503 y 5515, promulgados por el presidente R. P., continúan generando un intenso debate político y jurídico en el país, con acciones legales y propuestas legislativas que buscan dejar sin efecto ambas normas.

Este martes, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz admitió una acción popular presentada por el jurista W. V. contra el D.S. 5503. La audiencia fue fijada para este viernes. El mismo abogado también interpuso otra acción popular en La Paz dirigida contra ambos decretos.

A estas medidas se suman acciones de inconstitucionalidad abstracta presentadas ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por distintas autoridades, entre ellas el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba, J. C. I., quien presentó dos recursos argumentando vulneraciones a la Constitución. También presentaron impugnaciones el Partido Demócrata Cristiano y la alianza Alianza Popular.

La presidenta del TCP, P. P., informó que los recursos están en proceso de revisión dentro de la Comisión de Admisión, aunque advirtió que la falta de quórum —tras la salida de cinco magistrados prorrogados— podría retrasar las resoluciones, ya que actualmente solo quedan cuatro magistrados en funciones.

Desde la Asamblea Legislativa, la bancada Alianza Libre anunció que presentará un proyecto de ley para revertir los decretos 5503 y 5515, postura respaldada por Alianza Popular. En paralelo, el Gobierno sostiene reuniones con sectores sociales para socializar el alcance de las normas: el D.S. 5503 elimina la subvención a los carburantes y el D.S. 5515 habilita al presidente a gobernar mediante herramientas tecnológicas incluso desde el exterior.

El resultado de esta controversia dependerá de las decisiones judiciales y del debate político en curso, en un escenario marcado por la discusión sobre institucionalidad, economía y cumplimiento de la Constitución.