La Defensoría del Pueblo, ejerciendo su rol como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) en Bolivia, está impulsando una demanda urgente para la aplicación del Protocolo de Minnesota en la investigación que rodea la trágica muerte de Luis Fernando Benítez Nieves. Este último era un ciudadano de 30 años que se encontraba privado de libertad en la carceleta de Bermejo.

El organismo defensor ha expresado sus más sinceras condolencias a la familia del fallecido y ha destacado la imperante necesidad de llevar a cabo una investigación exhaustiva y efectiva. Desde la Defensoría del Pueblo, enfatizan la importancia de la participación activa de la familia y sus representantes legales en todo el proceso de investigación.

La Delegada Defensorial Departamental de Tarija, Cecilia Bolívar, ha subrayado el rechazo categórico a cualquier forma de violencia que amenace la integridad y vida, ya sea dentro o fuera de un centro penitenciario. Este derecho universal debe ser salvaguardado, y cualquier amenaza a su cumplimiento merece una atención inmediata y una investigación exhaustiva.

En este contexto, la Defensoría del Pueblo exige a las autoridades competentes la aplicación estricta del Protocolo de Minnesota, un instrumento internacional diseñado para asegurar investigaciones eficaces en casos donde personas estaban bajo custodia del Estado.

Bolívar enfatizó que la participación activa de la familia y sus representantes legales es fundamental para garantizar la transparencia y eficacia del proceso investigativo. Además, informó que la Delegación Defensorial lleva a cabo un acompañamiento constante a los procesos investigativos realizados por el Ministerio Público, el Tribunal Departamental de Justicia y otras autoridades, conforme a lo establecido por la Ley 870. Este acompañamiento tiene como objetivo velar por el acceso a la justicia y evitar cualquier dilación indebida del debido proceso.

En su pronunciamiento oficial, la Defensoría del Pueblo resalta la urgencia de una pronta y oportuna investigación, así como un juzgamiento transparente e imparcial por parte de las autoridades competentes. Este llamado refleja el compromiso del organismo defensor con la protección de los derechos fundamentales y la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias.