El caso de Oswaldo S.P., acusado de estafar a al menos seis personas desde el año 2018, continúa generando controversia en Santa Cruz. El abogado de las víctimas, Felipe Parada, denunció que el proceso judicial está siendo manipulado por influencias externas, específicamente por el vocal Marcelo Coca Echeverría, quien, en una audiencia de apelación de medidas cautelares, habría retirado la escolta de seguridad del acusado, a pesar de que este estaba bajo custodia policial.

La acción fue llevada a cabo una semana antes de la audiencia programada originalmente, lo que, según Parada, constituye un acto de prevaricato.

El modus operandi del acusado consistía en ofrecer la venta de orugas Caterpillar para trabajos de desmonte a precios elevados de hasta 15 mil dólares. Según el abogado, las víctimas entregaron grandes sumas de dinero, pero nunca recibieron las máquinas prometidas. A pesar de la evidencia y las denuncias de las víctimas, el caso ha avanzado lentamente, lo que ha generado frustración en quienes han sido afectados por la estafa.

En la mañana de este martes, el abogado Felipe Parada había solicitado que se dictara la detención preventiva para Oswaldo S.P., debido a que no había cumplido con el pago de la fianza real de 50.000 bolivianos, un requisito legal para evitar su liberación. Sin embargo, la audiencia fue suspendida sin explicación alguna, lo que, según Parada, es una clara muestra de la manipulación del proceso. La audiencia de juicio oral fue reprogramada para el próximo 14 de abril.

Parada también aprovechó la ocasión para denunciar la corrupción en el sistema judicial de Santa Cruz, citando a otros actores involucrados, como el fiscal Vitor Hugo Cervantes Mendoza y los jueces Miguel Borja Borja y Aristóteles Rodríguez, quienes, según él, han obstruido la justicia en otros casos relacionados con el sector productivo en la región.

El abogado advirtió que las maniobras de los implicados han entorpecido la resolución de este caso, lo que ha llevado a las víctimas a sentirse indefensas ante un sistema judicial que, según denuncian, favorece a quienes tienen influencia y poder económico. Las víctimas esperan que la justicia se imparta de manera imparcial y que el acusado enfrente las consecuencias de sus actos.