La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia emitió un contundente ultimátum de 48 horas al Gobierno del presidente Rodrigo Paz. El sector exige soluciones estructurales inmediatas al agudo desabastecimiento de combustibles en los surtidores, la distribución de carburante de óptima calidad y el desbloqueo de las carreteras nacionales. De no ser escuchados, los transportistas advirtieron con suspender los acercamientos y asumir drásticas "medidas de hecho" en todo el territorio nacional.

"Basta de jueguitos": La dura advertencia de la dirigencia nacional El secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes, Lucio Gómez, fue el encargado de oficializar la resolución de las bases tras un profundo análisis de la situación logística y económica que atraviesa el sector, el cual se declara "rehén" de la coyuntura política y los bloqueos.

“Decirle al Gobierno: basta de jueguitos, basta de lo que hasta ahora no da soluciones. No tenemos gasolina, tenemos gasolina basura, no tenemos diésel, no podemos solucionar el problema de las carreteras olvidadas. No están dando el cumplimiento a lo que han arribado con el transporte. Señor Presidente, señores ministros, desde acá les decimos y les advertimos: si no dan solución en 48 horas, nos veremos de frente con el transporte boliviano”, aseveró Gómez de forma tajante.

El sector lamentó el severo impacto financiero que sufren los conductores atrapados en las rutas interdepartamentales debido a los cercos camineros y aclaró que, si bien buscan evitar enfrentamientos directos entre ciudadanos, la paciencia de los transportistas se ha agotado tras semanas de realizar filas kilométricas y registrar pérdidas totales.

Federaciones urbanas radicalizan su postura y rechazan invitaciones El pronunciamiento de la matriz nacional coincide con la postura adoptada por los bloques departamentales. En las últimas horas, la Federación de Choferes Chuquiago Marka de La Paz determinó en una asamblea general rechazar de forma unánime las convocatorias al diálogo enviadas por el Órgano Ejecutivo, argumentando un cansancio generalizado ante la firma de actas de entendimiento que luego son incumplidas por los ministerios del área.

El ejecutivo paceño, Santos Escalante, ratificó que las bases exigen el cumplimiento irrestricto de las compensaciones económicas prometidas por los daños mecánicos severos causados a los motores debido a la comercialización de la denominada "gasolina desestabilizada", además de la consolidación de un periodo de gracia real para el cumplimiento de sus obligaciones crediticias con el sistema financiero regulado. Los transportistas paceños advirtieron que, de vencerse los plazos otorgados, no descartan plegarse orgánicamente a las movilizaciones que exigen la dimisión del jefe de Estado.